La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, aprobó el jueves por la noche permitir la «reelección sin reservas», ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.

Mientras los legisladores ratificaban la reforma constitucional en una segunda sesión plenaria convocada por la noche, en la plaza principal del centro histórico de San Salvador estallaban fuegos artificiales. «Gracias por hacer historia, colegas diputados», dijo el jefe legislativo, Ernesto Castro, del gobernante partido Nuevas Ideas. El Congreso también acortó en dos años el actual mandato presidencial -que concluía en 2029- para celebrar elecciones generales en marzo de 2027, en las que podrá participar Bukele tras quedar habilitada la reelección presidencial indefinida.

La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas tras una oleada de detenciones de defensores de derechos humanos y críticos con el Gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas, entre ellos, la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental. La organización donde trabajaba López, Cristosal, ha decidido salir del El Salvador y seguir su labor desde el exilio debido a la «escalada represiva» del Ejecutivo.

Leal a su «amigo» Donald Trump, Bukele encerró e incomunicó a más de 200 venezolanos deportados por EEUU acusados de pertenecer al Tren de Aragua en la megacárcel de máxima seguridad Cecot.

Ya desde antes de ser presidente catapultó su imagen a través de las redes sociales, en las que suele escribir en inglés y hacer importantes anuncios.

Bukele, quien se autodenomina «dictador cool» y «philosopher king», ha popularizado la frase «el dinero alcanza cuando nadie roba», pero sus adversarios le reprochan que no rinde cuentas a nadie y lo acusan de corrupción.

SALIRSE DEL PARLACEN

Asimismo, el Legislativo aprobó una reforma a la Constitución para sacar al país del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Los diputados oficialistas argumentan que las resoluciones del Parlacen «carecen de efectos reales», que el organismo representa un «gasto ineficiente», que la nación podría ahorrar cerca de 1,7 millones de dólares y que la inmunidad que otorga a sus miembros ampara muchas veces a corruptos.

El Parlacen fue constituido en octubre de 1991 y está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo. Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, que son los últimos expresidentes y exvicepresidentes de las naciones miembros, que pasan a ser legisladores del organismo.