En Euskal Herria han sido Zarrakaztelu y Obanos; en el País Leonés, Zamora y León; en Castilla, Ávila, Toledo y Madrid; en Extremadura, Cáceres; en Galicia, Ourense; en Andalucía, Tarifa y Huelva; en Portugal, Vila Real y Coimbra... Todo el mapa peninsular aparece estos días trufado de masas de fuego. De acuerdo con los datos difundidos ayer por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, por sus siglas en inglés), en lo que va de 2025 un total de 199 siniestros han quemado 98.784 hectáreas en el Estado español, más del doble de la superficie arrasada en todo 2024 (42.615 hectáreas en 219 fuegos).

Ya hay consecuencias muy trágicas: en el Estado español tres personas han fallecido (la última, un hombre de 36 años en León ayer mismo) y solo en Castilla y León 9.000 han sido desplazadas de sus hogares por el avance de las llamas.

La impotencia de estas personas se traduce en indignación ante la escalada de la inevitable polémica política entre PP y PSOE. En las últimas horas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra los presidentes de Castilla y León y Andalucía, ambos del PP, por no estar «al pie del cañón» al mantener sus vacaciones. Alberto Núñez Feijóo ha contratacado acusando al Gobierno español de falta de reacción.

El rifirrafe político era tan previsible, en el fondo, como la propia ola de incendios en esta fase de la canícula en que durante varios días se han superado los 40 grados de modo generalizado. Y es ahí donde se percibe la parálisis política.

CAMBIO CLIMÁTICO

La comunidad científica sí va al fondo del asunto. Un estudio mundial en el que participó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español en 2022 ya subrayaba que «el número de días con riesgo extremo de incendios ha aumentado en todo el mundo», y especialmente en la Península hasta el punto de que «se ha duplicado en la cuenca mediterránea en los últimos 40 años».

Juan José González Alemán, investigador de Aemet, explicaba hace un par de años en una entrevista en GARA, aludiendo a un eslogan de moda, que «no sé si este año pero seguro esta década será la más fresca de las próximas décadas. Siempre hay una variabilidad entre años, pero lo que sí es verdad es que la década 2020-2030 será menos cálida que la de 2030-2040. Ya no tendremos veranos como los de los años 80 o 90, olvidémonos. Podemos tener veranos como los de 2000 pero lo otro ya será imposible. Por mucho que se nieguen las evidencias, no hay solución alguna a corto plazo».

Ello empieza a generar cada vez más los llamados “megaincendios” o, en lenguaje científico, incendios de sexta generación, que se consideran imposibles de abordar por los servicios de emergencia. Producen pirocúmulos, que pueden derivar en tormentas de fuego y tienen un comportamiento impredecible. Lo habitual es que quemen más de 10.000 hectáreas, prácticamente hasta extinguirse por sí solos. Se han producido ya en Los Angeles, Grecia o hace una semana en el sur del Estado francés (un total de 17.000 hectáreas perdidas).

Los científicos inciden además en que, junto a los incendios, hay un riesgo extremo de tremendas tormentas y ciclones en el Mediterráneo, como ya plasmó la dana de València en octubre del pasado año. Fijándose en esa otra cara de la moneda, Carlos Calvo Sancho auguraba en junio en estas páginas que este verano en curso «si no hay perturbación de niveles altos, es decir una vaguada para que pueda dispararse la convección, solo pasaremos mucho calor. Para que se entienda: el Mediterráneo sería la pistola y la vaguada serían las balas. Pero en algún momento esas condiciones (para lluvias) se darán, y si no se dieran sería todo una gran ola de calor de 90 días».

ABANDONO RURAL

El abandono rural y la falta de gestión forestal están también en la génesis del problema ibérico, según explica a Efe Juan Ramón Molina, coordinador del Laboratorio de Incendios Forestales (Labif). No hay más que ver cómo muchos de estos incendios impactan en la llamada «España vaciada».

El coordinador de Labif matiza respecto al cambio climático que, si bien tiene su importancia, «la vegetación mediterránea siempre ha estado acostumbrada a 40 grados». Sitúa más bien el problema actual acuciante en que hay «gran cantidad de vegetación combustible acumulada en los montes» debido a la despoblación y la falta de limpieza del terreno. Hace que terrenos que anteriormente eran agrícolas hayan pasado a convertirse en puras masas forestales.

«Ahora la vegetación ha llegado prácticamente hasta las puertas de las casas (...), hay muchas masas de árboles que no han tenido tratamiento. Todo eso lo que hace es una bomba de relojería que en algún momento puede explotar», detalla.

Molina explica que «se ha dado un paso adelante» en cuanto a los avances para las respuestas de extinción del fuego pero falta avanzar «en cuanto a prevención», lo cual «va muy de la mano de toda la política de crear un paisaje más resiliente y que favorezca la permanencia de la población rural».

El coordinador de Labif explica que un paisaje resiliente y resistente se construye mediante un mosaico de usos del suelo donde «no todo puede ser un pinar o un eucalipto continuo», ya que la combinación de pastizales, zonas agrícolas y caminos va a permitir que se tengan «incendios menos severos».

FALTA DE EQUIPOS

A esas dos cuestiones anteriores se suma una tercera que está siendo muy visible en el Estado español: la humana o profesional. Muchos de estos incendios, sobre todo en Castilla y León, están teniendo que ser afrontados por voluntarios ante la falta de bomberos. En Nafarroa, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, indicó el miércoles, en el marco de su polémica con los sindicatos agrarios, que había que multiplicar las precauciones porque todos los efectivos estaban en Zarrakaztelu y sería muy difícil responder a más fuegos.

Los propios bomberos denuncian la escasez de recursos: de hecho, tanto en el País Valencià como en Madrid estaban actualmente llevando a cabo sendas huelgas que han tenido que interrumpir para acudir a auxiliar en sus provincias o en otras anexas.

Según testimonios recogidos por Radio Euskadi en Castilla y León, buena parte de los retenes están formados por personas contratadas exclusivamente para el periodo veraniego, tres meses como máximo, y que cobran 1.300 euros al mes. Demandan que los contratos se prolonguen todo el año y que en el tiempo restante puedan dedicarse a labores preventivas como limpiar montes.

Al hilo de ello, en redes sociales ha crecido un debate sobre por qué la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español tiene un carácter permanente y no ocurre lo mismo con los servicios de bomberos. En este momento hay desplegados contra los incendios mil efectivos militares de los aproximadamente 3.500 de que dispone la UME.

Este déficit en profesionales queda claro en un dato dramático: los tres fallecidos en el Estado español hasta la fecha en esta ola de incendios eran voluntarios y hay al menos otros tres hospitalizados en situación crítica.