Los tribunales no colaboran con la Cámara navarra en el «caso Koldo»
La comisión de investigación del Parlamento de Iruñea sobre adjudicaciones relacionadas con el «caso Koldo» no contará con el apoyo de los tribunales españoles. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional se niegan a facilitar la información requerida.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado “caso Koldo” ha rechazado la solicitud del Parlamento de Iruñea de documentación para su comisión de investigación sobre las obras que la presunta trama de corrupción habría amañado en ese herrialde, argumentando que «las diligencias del sumario serán reservadas». Al igual que hizo el Tribunal Supremo, el juez Ismael Moreno acuerda en un auto, difundido ayer por Europa Press, «no atender la petición de información solicitada sobre los hechos investigados en las presentes diligencias previas».
Moreno sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral», una negativa que cuenta con el respaldo de la Fiscalía.
«Atendiendo al carácter reservado de las actuaciones judiciales para las partes implicadas en el procedimiento penal, en el que se ven afectados derechos fundamentales de las personas que en el mismo son investigadas, no es legalmente posible dar copia de las mismas a terceros que no tengan intervención en el mismo», contesta a la petición.
La Cámara solicitó al juez que antes del 15 de septiembre le facilitara una batería de informes para su comisión de investigación sobre «las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias».
En concreto, el presidente del Parlamento de Iruñea, Unai Hualde, reclamaba al instructor copia de un atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó a la causa en febrero de 2024, así como otro informe de la unidad especializada del pasado octubre. Además, pedía una copia de la declaración del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que tuvo lugar el pasado noviembre en la sede de la Audiencia Nacional, antes de que se acordara su salida de prisión.
Y también una copia del escrito que presentó el propio De Aldama a la causa «sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios».

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