Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía respaldaron al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, juzgado desde ayer en un insólito proceso en el que se le acusa de una filtración (algo muy habitual) y sin pruebas aparentes. Denunciaron lo que denominaron «causa prefabricada» y pidieron anular la prueba clave del material obtenido en los registros.