El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que visitó el Estado español durante la última semana de setiembre, insta a Madrid a poner en marcha una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del franquismo. Esta es una de las recomendaciones aparecidas en el documento, hecho público ayer, en el que los funcionarios de Naciones Unidas llegan a fijar el 15 de noviembre de 2019 como fecha tope para que el Ejecutivo infor- me sobre el cumplimiento de sus sugerencias. Además del grupo de expertos independientes que garantizase «el derecho a la verdad de las víctimas de la desaparición forzada», la ONU también cuestiona los mecanismos legales utilizados por el Gobierno español para mantener la impunidad del franquismo como la Ley de Amnistía de 1977. «Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, 30 años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad», afirmó el experto del comité, Álvaro Garcé García y Santos en una comparecencia en Ginebra.

El informe supone una enmienda a la totalidad sobre la falta de investigación acerca del paradero de los miles de desaparecidos tras el golpe de Estado franquista y durante la dictadura. De hecho, la ONU da un año de plazo al Gobierno de Mariano Rajoy para rendir cuentas sobre la implementación de varias de sus propuestas. En concreto, la de investigar todos los casos, «de forma exhaustiva e imparcial», independientemente del tiempo transcurrido desde que ocurrió y aún cuando no existiese denuncia formal. En este sentido, observa con preocupación una resolución del Tribunal Supremo realizada en 2012 donde consideraba que «no es razonable argumentar que un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años».

Tanto la Ley de Amnistía como las alegaciones sobre prescripción son calificadas por la ONU como «obstáculos jurídicos» que imposibilitan las pesquisas, por lo que se insta al Gobierno a poner en marcha medidas que los superen. En este sentido, el grupo recuerda que el plazo de prescripción solo comienza en el momento en el que la víctima aparece con vida, se recuperan sus restos o se restituye su identidad.

Detención incomunicada

Por este motivo, Naciones Unidas insta al Estado a implicarse en las investigaciones, planteando la posibilidad de «establecer un órgano específico encargado de la búsqueda» que esté dotado de recursos técnicos, humanos y financieros «suficientes». Cabe recordar que, durante la visita del comité, el Gobierno español llegó a asegurar que se habían paralizado las ayudas económicas para las exhumaciones ante la «falta de demanda». Además, pide al Ejecutivo que aporte las pruebas necesarias que se soliciten en procedimientos abiertos por otros estados, en una referencia, sin citarla, a la causa abierta por la juez argentina María Servini.

Entre las sugerencias que la ONU ha situado como prioritarias (con un plazo de un año para informar) también se incluye que las detenciones en régimen de incomunicación cumplan con el artículo 17 del Convenio sobre desapariciones forzosas. Algo que, a juicio del grupo, no ocurre en la actualidad.