El juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, de guardia esta semana en el tribunal especial, dictó ayer una providencia en la que pide a la Ertzaintza, a instancias de la Fiscalía, que «con la máxima urgencia» le informe sobre la convocatoria de la comparecencia ante los medios del grupo de mediadores de EPPK, prevista para mañana en Durango y a la que asistirán presos que acaban de abandonar la cárcel tras la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Concretamente, Pedraz, que podría pronunciarse hoy, solicitó información sobre quién convocaba la rueda de prensa, el medio por el que se efectuó la convocatoria y «su posible relación» con ETA, por si la organización de la comparecencia «pudiera ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a sus víctimas».

La Ertzaintza, según informó la agencia Europa Press, comunicó a Pedraz que «un particular» reservó Kafe Antzokia de Durango para una rueda de prensa y que posteriormente se serviría un lunch para un centenar de personas.

Junto a ello, envió al juez la convocatoria a los medios realizada por los mediadores de EPPK para acudir a la rueda de prensa, en la que se señala que en la comparecencia participarán «las personas excarceladas en los últimos meses». El objetivo de la rueda de prensa es valorar ante los medios el comunicado hecho público por EPPK, al igual que han hecho la práctica totalidad de los agentes sociales y políticos de Euskal Herria.

La solicitud de información por parte del magistrado se produce después de que el miércoles la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, pidiese en la Audiencia Nacional la prohibición de la rueda de prensa a celebrar en Durango al considerar que «su objetivo es mostrar su apoyo y solidaridad al resto de miembros de la organización terrorista ETA que aún se encuentran encarcelados».

A raíz de esta denuncia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pidió ayer a la Guardia Civil, a la Policía española y a la Ertzaintza que le informasen de qué tipo de acto era la rueda de prensa, de quién la convocaba y si «tenía relación con ETA o algún tipo de vinculación con asociaciones ilegales».

La AVT y la Unión de Guardias Civiles también se sumaron a la petición de prohibición de la comparecencia, mientras que la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, la calificó de «deleznable» y consideró «muy lamentable que se produzca».

La AVT ha presentado otra denuncia en la Audiencia Nacional porque supuestamente vecinos de Eibar les insultaron durante la visita a varias localidades vascas que realizaron el 28 de diciembre pasado.