En una comparecencia ayer a la tarde en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, en Bilbo, letrados que habitualmente defienden a los presos vascos consideraron que con la «operación político-judicial» contra ocho personas que han efectuado labores «públicas y notorias» de mediación para EPPK se trata de silenciar su mensaje, al no poder asumir su gran calado.

Según desveló Alfontso Zenon, la Guardia Civil había solicitado al juez Eloy Velasco órdenes de detención contra Fernan- do Arburua, componente de la asociación Jaiki Hadi, y Nagore López de Luzuriaga, integrante de Etxerat, junto al registro de las celdas de los presos Ainhoa Mujika, Josetxo Arizkuren, Unai Fano, Idoia Martínez, Anabel Egues, Xabier Alegria y Jon Olarra, los tres últimos interlocutores de EPPK. Asimismo, querían autorización judicial para cerrar los perfiles en Facebook y Twitter del grupo de interlocutores del Colectivo.

«El Estado español -añadió- está en fuera de juego, no quiere que los presos tengan una asistencia jurídica, médica y sicológica adecuada, no quiere asumir el apoyo que han recibido los presos ni el respaldo que han obtenido de los tribunales europeos».

Zenon denunció que en esta redada se han producido «auténticas barbaridades jurídicas», así como «una vulneración clara del derecho a la defensa». A los ocho arrestados -que está previsto que comparezcan el lunes ante el juez tras prolongarse la detención comunicada- se les acusa de «pertenencia, financiación y enaltecimiento del terrorismo, la misma imputación y el mismo procedimiento que Herrira», plataforma en favor de los derechos de los represaliados cuya actividad suspendió por dos años la Audiencia Nacional en otoño.

Desveló que en las imputaciones del juez Velasco se recoge la actividad reconocida del grupo de mediadores de EPPK, como reuniones con distintos agentes, ruedas de prensa, su participación en el Foro Social y otros actos pero, en ningún caso, actuaciones relacionadas con ETA.

El letrado, que agradeció el apoyo de otros compañeros, alertó de que la operación está «llena de irregularidades», como el registro del despacho de un senador, Iñaki Goioaga, y de otros abogados que no están imputados, pero en los que había expedientes judiciales «muy importantes y delicados, con medios para la defensa de los clientes». Citó, a modo de ejemplo, documentos referidos al GAL y cómo se habían «vaciado absolutamente» dos de las dependencias.

Uno de los despachos registrados -lo fue ayer al mediodía durante cerca de dos horas- es el del senador Iñaki Goioaga, quien dijo que es «ilegal» y «no tenía que haber sido autorizado por el juez». A su juicio, con todas las especulaciones acerca de ese registro se trata de «tapar una gran chapuza judicial y del Ministerio del Interior».

Registro «ilegal»

El letrado se mostró enfadado por el «amarillismo de cierta prensa». Desmintió que hubiera estado ilocalizable o «desaparecido» como algunos medios difundieron, ya que prosiguió con su labor profesional en la sede del Colegio, al no poderlo realizar en su despacho de la calle Elkano. Es más, desveló que el jueves a la tarde envió un escrito vía fax al Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional en el que comunicaba que consideraba «ilegal» el registro que se iba a permitir.

El senador de Amaiur manifestó que esta redada es «un mate al Estado de Derecho y Democrático, ya que quiebra y vulnera los derechos democráticos». Precisó que la operación «supone una persecución ideológica contra una serie de gente que ha hecho una labor de mediación entre los presos, en favor de la normalización política y la convivencia».

«Hay persecución ideológica y política, se ataca al derecho de asociación, de reunión, de actividad política y se acaba con la tutela judicial efectiva», criticó Iñaki Goioaga, antes de anunciar que van a seguir ejerciendo el derecho a la defensa «y vamos a defender a quien lo necesite. Esto es una provocación y es la `operación mate' al Estado de Derecho y Democrático, que recuerda a otras épocas».