Las protestas de los últimos días en el barrio Gamonal de Burgos han adquirido unas dimensiones considerables y han sido objeto de criminalización por parte del Ministerio del Interior y medios ultras españoles. Esas protestas merecen una reflexión más allá de reprimir la movilización popular e ignorar sus causas, pero al Gobierno del PP y a esos medios la única reflexión que les inspira es que justifica la Ley de Seguridad Ciudadana cuyo anteproyecto aprobó el pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros español. Y no se les ha ocurrido siquiera preguntarse por las causas de este tipo de protestas, que en este caso se remontan a muchos años de imposición y corrupción urbanística. El detonante ha sido un proyecto municipal que pretende convertir la principal calle del populoso barrio obrero en un bulevar, reduciendo carriles y aparcamientos en superficie, y construyendo aparcamientos subterráneos de pago. Un proyecto presupuestado en más de ocho millones de euros que los vecinos rechazan, más aun en un momento el que la ciudad sufre un elevado índice de paro y tiene prioridades urgentes. Para el alcalde y su partido, sin embargo, es más rentable ignorar a los vecinos.