El camping municipal de Arketa está pendiente de la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo español del 17 de febrero de 2010, por la que se ordenó el desmantelamiento de la instalación que se abrió en 1981 -antes de la Ley de Costas de 1988- y la restitución del terreno a su estado anterior. En los últimos años, el Consistorio de Ibarrangelu ha efectuado distintas gestiones para tratar de salvar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esa infraestructura turística.

La propuesta municipal busca consensuar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el cumplimiento de la sentencia mediante un acuerdo que permita que en Arketa haya un camping ecológico. Para apoyar esos esfuerzos, los primeros ediles de Ajangiz, Arteaga, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Kortezubi, Gernika, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz, Sukarrieta e Ibarrangelu se dieron cita ayer en ese lugar, mostrando así el apoyo unánime tanto institucional como social a esa iniciativa, al tiempo que respaldaron a los trabajadores afectados.

El alcalde ibarrangelutarra explicó que sus esfuerzos por mantener el camping en Arketa se basan «en las propias raíces que hacen posible la existencia de la Reserva de la Biosfera de Urbaibai, ya que se sustenta en sus dos columnas fundamentales, como son la protección medioambiental y el desarrollo sostenible». La normativa urbanística municipal y el Plan Rector de Uso y Gestión de Urdaibai posibilitan, según este responsable municipal, la instalación del camping, ya que queda fuera de la clasificación de protección litoral.

Jesús Mari Ziluaga incidió en que la desaparición de la instalación, «que no es una industria contaminante ni causa perjuicio al medio ambiente, supondría una catástrofe social para nuestro pueblo y la comarca». Detalló que se perderían 30 puestos de trabajo directos y afectaría a la actividad económica de otros 140 empleos indirectos.

Para salvar esa infraestructura, tras varios informes jurídicos, el Consistorio solicitó al ministerio la «declaración de innecesariedad» y posterior desafectación de los terrenos, que permitirían trasladar los límites del deslinde hasta la carretera, quedando así fuera de la competencia de la Ley de Costas.

Los argumentos municipales se centran en que el cumplimiento total de la sentencia del Supremo «resulta imposible», ya que la restitución de los terrenos a su estado original no puede llevarse a cabo por la existencia de la carretera foral BI-3234. Además, al estar situado sobre terrenos desacados por el propio Estado mediante concesión en 1934, perdió sus características naturales de marisma.

En su proyecto, Costas plantea 30 plazas de aparcamiento y un merendero en esos terrenos que, en opinión del Ayuntamiento de Ibarrangelu, «está lejos de ser un proyecto medioambiental en sus objetivos». Su apuesta es crear un camping sostenible y darle mayor utilidad pública durante todo el año.