«Se han vulnerado los derechos fundamentales». Iker Urbina, uno de los abogados de los 36 jóvenes independentistas juzgados en la Audiencia Nacional española, sintentizaba así las conclusiones que ocho sicólogos expertos en el Protocolo de Estambul ya apuntaron a la Sala durante la fase pericial. Hacía referencia a la veracidad de los testimonios de torturas, confirmada por los peritos, para solicitar la nulidad de las declaraciones tanto policiales como judiciales en los casos en los que se denunciaron malos tratos. Esto dejaría a la acusación sin apenas argumentos, ya que las inculpaciones obtenidas en comisaría constituyen la principal base para las imputaciones.

En la sesión de ayer, los letrados de la defensa concluyeron el alegato sobre cuestiones generales y el macrojuicio entró en su fase definitiva: los razonamientos individualizados para reclamar la absolución de los encausados.

Para reforzar su demanda de considerar nulas las declaraciones que, según han testificado los jóvenes, fueron obtenidas bajo tortura, Urbina recurrió a la propia jurisprudencia española. Recordó que el Tribunal Supremo dictaminó que solo podían considerarse como pruebas válidas las confesiones que se realizan de forma «libre y voluntaria». Algo que no ocurre en un proceso en el que 32 de los 40 imputados (los que hasta ahora se han sentado en el banquillo más Idoya Iragorri, Unai Ruiz, Goizane Pinedo e Irati Mujika) han denunciado haber sido maltratados. De este modo, pidió invalidar los testimonios firmados durante la incomunicación, así como aquellas ratificaciones ante el juez instructor que fueron negadas en el juicio.

«Espiral perversa»

«¿En qué se va a sustentar la acusación si no tiene declaraciones policiales?», cuestionó el letrado al rebatir las tesis de la Fiscalía y de Dignidad y Justicia, muy preocupados por desacreditar las denuncias de maltrato. «Han podido escuchar los testimonios de primera mano», reiteró dirigiéndose al tribunal, al tiempo que se preguntaba «qué marcas» físicas puede dejar «la bolsa» o las amenazas.

A los argumentos clínicos expuestos por los sicólogos del Protocolo de Estambul, Urbina añadió los posicionamientos del Relator Especial de la ONU sobre la tortura, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de investigación de estos casos en el Estado español y que explicaría por qué en este caso tampoco los jueces han actuado. En su turno, Amaia Izko recordó casos como el de Ainara Bakedano, arrestada a las puertas de la Audiencia Nacional cuando se estaba ofreciendo a declarar y trasladada a comisaría, donde denunció haber sido torturada.

Urbina también puso en cuestión los informes policiales basados en suposiciones y los seguimientos. En este punto, cuestionó lo que calificó como «espiral perversa», que se basa en la idea de que «estas personas son de Segi porque acuden a una reunión, y la reunión es de Segi porque acuden estas personas». En este sentido, puso en duda «tajantes» aseveraciones como las realizadas por un perito de la Guardia Civil que recurrió a la frase «en el País Vasco todo el mundo sabe que las Gazte Topaketak las organiza Segi» como único argumento para inculpar.

Buena parte de la teoría levantada por los peritos policiales es la de la supuesta «instrumentalización» del movimiento juvenil por parte de la organización ilegalizada por el Tribunal Supremo. Y, aquí, Urbina planteó las cuestiones sobre «dónde, cuándo, quiénes y cómo se realiza». «Eso es lo que debería acreditarse y ni los informes ni la prueba lo han hecho», sostuvo, recordando que el proceso no ha puesto en cuestión la legalidad de colectivos como las gazte asanbladak, a las que muchos de los acusados han reconocido pertenecer.

Está previsto que el próximo martes se celebre la última sesión y, por tanto, el juicio quede visto para sentencia.