Anton Borja Profesor titular de la UPV-EHU (Doctor en Economía)
ANÁLISIS | Mirando al futuro

Crisis de la economía española. Medidas de avance (II)

Tras realizar un diagnóstico de la economía española y proponer medidas dirigidas a configurar un modelo productivo más equilibrado y sostenible en los distintos sectores productivos, el autor repasa las distintas vías para obtener los recursos necesarios para ese nuevo modelo, y que pasan por una reforma tanto del sistema financiero, como del fiscal. Junto a ello, propone reforzar el sector público empresarial, extender el modelo cooperativo y aumentar el protagonismo de los colectivos laborales en dicho modelo de desarrollo, sin olvidar una profunda transformación de la esfera política.

Para desarrollar un nuevo modelo productivo necesitamos recursos de diversos tipos. Veamos ahora de dónde se obtienen los recursos económicos y financieros..

Sistema financiero. Es necesario potenciar el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con capacidad financiera, con tipos de interes bajos, para pymes y diversos tipos de empresas., y asegurando. que las inversiones financieras deban ser socialmente responsables .

Impulsar la creación de entidades públicas de crédito autonómicas , en transición a bancos públicos autonómicos, para facilitar el crédito especialmente a las pymes.

Introducción para la banca privada de coeficientes de caja más altos y de coeficientes de inversión. Separación entre la banca comercial y la banca de inversión

Fuerte regulación del mercado de productos derivados.

Utilizar los préstamos que concede el Banco Europeo de Inversiones (BEI), especialmente para proyectos y actividades innovadoras de gobiernos regionales europeos, para potenciar inversiones (utilizan 40.000 millones de euros anuales) en las pymes, especialmente en temas como energías renovables, aislamiento de edificios, biotecnologías, nanotecnologias, sistemas avanzados de fabricación....

Asimismo, utilizar los «fondos sin personalidad jurídica» europeos al alcance de las comunidades autonómicas. Estos fondos se vehiculizan como préstamos participativos y existe riesgo compartido, similar a las sociedades de capital-riesgo.

Promoción de cooperativas de crédito y de instituciones financieras (banca ética...) vinculadas a finanzas personales, a los mercados locales y a la microfinanciación. En breve se implantará en la Unión Europea (UE) una sociedad de capital-riesgo europeo, lo que posibilita que iniciativas de las pymes puedan financiarse a través de este nuevo organismo.

Fiscalidad. Los ingresos fiscales españoles suponen 7 puntos menos (cerca de 70.000 millones de euros) que la media de la UE. También el gasto social es menor que en Europa.

El Estado recauda el 44% de los impuestos a través del IRPF, pero de esa recaudación el 83% depende de las rentas del trabajo.

En cuanto al impuesto directo de sociedades, el tipo nominal está en el 30% pero el tipo efectivo que pagan las grandes empresas está en el 10%, gracias a deducciones, exenciones, etc. Las pymes soportan un tipo efectivo del 25%.

En cuanto al impuesto de patrimonio, aunque existe en varias comunidades autónomas, se estima que se puede incrementar su volumen en 3.000-5.000 millones de euros. Asimismo en el impuesto de sucesiones,en 2011 y según V.Navarro, se podrían haber recuperado 2.552 millones de euros si se hubieran anulado las rebajas realizadas en dicho año.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el principal impuesto indirecto y recauda el 32% del volumen global de impuestos. En julio de 2012 hubo una subida del IVA y, en general, está perjudicando en mayor medida a los consumos procedentes de bajas rentas.

En cuanto al fraude fiscal, se ceba fundamentalmente en la economía sumergida que representa del 22% del PIB y supone, por tanto, un fraude fiscal (impuestos no cobrados) cercano a 80.000 millones de euros. GESTHA (asociación de inspectores fiscales) ha señalado que reduciendo en un 10% el volumen de la economia sumergida, es decir, quedando en un 12% , se podrían obtener 38.500 millones de euros para las arcas públicas. En el año 2010 la defraudación fiscal de las 35 empresas del IBEX y de las grandes fortunas se calcula que alcanzó la cifra de 43.000 millones de euros.

Las 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionan 26.154 millones de euros tributan al 1% y constituyen un auténtico «paraíso fiscal» propio, sin necesidad de mover los capitales al extranjero.

Por tanto, una reforma fiscal en profundidad es necesaria. Podemos señalar los siguientes aspectos, como la reducción drástica del fraude fiscal; el incremento de la progresividad de los impuestos sobre la renta y sobre los beneficios de sociedades, con nuevos tramos y tipos más altos y robustecimiento del impuesto sobre patrimonio y el de sucesiones, con tramos exentos para centrarlos en los niveles más elevados de la riqueza; reestructuración de las SICAV, acercando su tributación a la de las empresas; rechazo de la amnistía fiscal; igualar la fiscalidad que soportan las rentas del capital y el trabajo; incremento de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude fiscal que permitan aumentar las inspeccione s fiscales y de trabajo a las empresas, en especial a las más grandes; suprimir las desgravaciones para planes individuales privados de pensiones.

Desarrollo empresarial. El desarrollo de un modelo endógeno y sostenible supone la transición hacia formas de propiedad que no sean únicamente la propiedad privada capitalista, combinando diversos tipos de empresas.

En primer lugar, más allá de la extensión de los servicios públicos, conviene desarrollar la propiedad pública industrial. Puede adoptar diversas formas: desde una propiedad al 100%, hasta empresas públicas mixtas, con un porcentaje público variable... Específicamente tiene sentido en actividades productivas emergentes, donde hay que realizar una inversión que no es rentable de inmediato. También es importante en el caso de sectores estratégicos como la energía

En segundo lugar, la extensión del modelo de cooperativas donde los trabajadores tienen más protagonismo que en la empresa privada. Especialmente son interesantes las cooperativas de interés colectivo que posiblitan asociar asalariados, usuarios y colectividades territoriales en un proyecto de desarrollo local. Las compras del Estado, de los entes territoriales (ayuntamientos, diputaciones y CCAA) y de los servicios públicos se dirigirán preferentemente a estas cooperativas.

También se potenciará la «economía social y solidaria» que conforman el tercer sector (junto con el sector privado y público) con finalidad social y al servicio de la colectividad. Y con un funcionamiento democrático y autogestionario.

Por último, en el desarrollo de las pymes, se potenciará su fortaleza tecnológica y su agrupación para aprovecharse de efectos sinérgicos, tanto en empresas tradicionales como en la las empresas de base tecnológica.

El desarrollo empresarial ha de incluir una perspectiva de democratización de la empresa, de las diversas formas de participación de los trabajadores en la misma.

Derechos laborales. El desarrollo endógeno estratégico implica un conjunto de derechos laborales para el colectivo asalariado y para otros colectivos laborales no asalariados hasta alcanzar un protagonismo social como participantes de pleno derecho en dicho modelo de desarrollo. Veamos algunas medidas: derogación de la reforma laboral actual; restablecimiento del marco normativo respecto del ámbito de los convenios colectivos, en especial en la esfera de las pymes; potenciar el marco autonómico de la negociación colectiva frente a la negociación individual de empresa; reparto del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, partiendo de la igualdad de oportunidades tanto entre hombres y mujeres; reducir la jornada laboral tanto para repartir el empleo como para conciliar la vida laboral y extralaboral; equilibrar los salarios para acabar con la desigualdad existente; salario mínimo de 1.075 euros superior al umbral de pobreza; relación salario mínimo-salario máximo, con un tope de 1-12; recuperar la edad de jubilación a los 65 años y la del contrato de relevo a los 60 años; suprimir las Empresas de Trabajo Temporal; recuperar la causalidad de la contratación y acabar con la cadena de subcontrataciones; aumentar las prestaciones por desempleo; prohibición de despidos en empresas con beneficios.

Actuación de los poderes públicos: optimización administrativa evitando cualquier duplicidad de competencias entre las administraciones; recuperar la gestión directa de los servicios públicos; ligar la política de empleo con la planificación ecológica; adoptar medidas en contra de la deslocalización: devolución de subvenciones recibidas, etc; ser garantes en los trámites de los ERE; garantizar el derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas, especialmente referidas a la esfera laboral, a la del empleo y a la de la producción.

Derechos sociales. Se incluyen, sucintamente, los ámbitos de vivienda (creación de la Ley de Vivienda que recoja, con carácter universal, el derecho a la vivienda sin supeditación a límites de ingreso o la paralización de los expedientes de desahucios), educación (rechazo o a la ley Wert o el aumento del gasto en educación hasta alcanzar la media europea en todas las comunidades autónomas) o servicios sociales, con un sector público fuerte -financiado a través de un sistema tributario progresivo- que garantice no solo pensiones, sanidad y educación, sino que además garantice y preste los servicios de cuidado de las personas; que incremente el número de empleados públicos, especialmente en los servicios del Estado de Bienestar (educación sanidad, servicios Sociales...); y que reduzca la influencia y participación de las empresas privadas en la prestación de servicios.

Esfera política. Para transformas el régimen económico tiene que haber cambios poíticos y hacer políticas para los millones de personas que sufren la crisis. Democracia económica y democracia política se implican mutuamente. Para ello es impres- cindible extender la democracia participativa, la toma de decisiones, a todos los ámbitos de la convivencia, tanto políticos como culturales, económicos y sociales.

La democratización de la vida política pasa por la democratización de los partidos políticos y también de otras instituciones (sindicatos...), de modo que su funcionamiento sea transparente y que sus condiciones laborales (retribuciones) no supongan la obtención de privilegios y ventajas sociales.

En este apartado, serían convenientes las listas abiertas en las convocatorias electorales; la revocabilidad de los cargos públicos; el control fiscal y patrimonial de los cargos electos; la reforma de la financiación de los partidos políticos (que se prohiban las contribuciones privadas en el proceso electoral); la optimización administrativa, ganando en eficacia. y fortaleciendo el sistema público; la inclusión de criterios sociales, medioambientales y de economía social en todas las contrataciones y compraventas; la inclusión de cláusulas de género en los pliegos de condiciones de contratos; la aplicación de una ley integral anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes de declarar; la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; o la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos

Reflexiones finales. En la crisis sistémica en que vivimos, se interpenetran la crisis del tejido productivo, la crisis de la deuda privada y la crisis de la deuda pública, junto con las actuaciones del Gobierno de Rajoy de corte neoliberal. Pero ya hemos señalado que el potencial del sistema productivo es amplio si se articulan capitales públicos y privados bajo la perspectiva de un plan estratégico público que oriente la dinámica productiva.

La interrelación intersectorial, sistémica crea sinergias que potencian el modelo de desarrollo endógeno y sostenible. Pero debe haber voluntad política, tanto para hacer quitas sustanciales de la deuda pública (y privada) como para impulsar el modelo citado.

Es necesario aunar mayorías sociales que impulsen un desarrollo económico equilibrado y participativo.

De todo lo anterior se desprende que el factor político, ante un modelo agotado como el actual, debe emprender otros caminos. Sindicatos, partidos y colectivos sociales deben articular sus demandas desde una visión complementaria y global que implique potenciar otro modelo socioeconómico y político, donde su participación activa como sujetos sea imprescindible. En otro caso, esta crisis se alargará en el tiempo.

¿Es posible agrupar fuerzas sociales y sindicales para construir y pelear por otro modelo socioeconómico y político más satisfactorio y equilibrado?