Larraitz Ugarte explicó ayer que el Gobierno foral está analizando la resolución del Tribunal Supremo que exime a Kutxabank del pago de 21,4 millones de euros por las liquidaciones del Impuesto de Sociedades de 2001 a 2005 motivadas por sus inversiones en Repsol entre 1997 y 2004, y anunció que estudia si cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, en una primera valoración de urgencia, la portavoz foral afirmó que el fallo constituye una «muy mala noticia» para Gipuzkoa dado que la cantidad a pagar rondará «los 28 o 30 millones» de euros incluyendo los intereses.

El origen de este caso se remonta a 1997, cuando Kutxa -presidida por Fernando Spagnolo-, formó la sociedad Repinves SA, junto con las entidades La Caixa y Caixa Catalunya, con el fin de agrupar sus acciones de Repsol y hacerse un hueco en el Consejo de Administración de la petrolera. Ello permitió a la caja guipuzcoana acogerse al régimen especial de fusiones FEAC, que permitía deducciones fiscales siempre que existiera un motivo económico válido y no un objetivo intencionado de pagar menos impuestos.

En 2001, Kutxa fue objeto de una inspección general por parte de la institución foral, cuya dirección general de Hacienda ocupaba Víctor Bravo. Se da la circunstancia de que éste se atribuyó las funciones de inspección para sí mismo al modificar la estructura del departamento y traspasar directamente a su dirección las «funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras de aquellos expedientes en que concurran circunstancias especiales», que hasta entonces habían dependido de la subdirección de recaudación, en manos de Peru Bazako, también hombre de confianza del PNV.

Aquella inspección no recogió la operación de Kutxa en Repinves SA, con lo que los responsables de Hacienda de esa época, «de algún modo, dieron por buena la operación», según explicó ayer Larraitz Ugarte.

Pago y recurso

Cinco años más tarde, en 2006, el Departamento de Hacienda dirigido por Juan José Mujika (PNV) -quien destapó el fraude de Irun-, llevó a cabo una inspección concreta a la sociedad Repinves SA, a cuya conclusión se estimó que Kutxa tenía que haber abonado 27 millones, al considerar que no existía motivo económico válido y que el objeto de la operación era pagar menos impuestos. La entidad financiera pagó pero al mismo tiempo recurrió a los tribunales.

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón al camino emprendido por la Inspección al entender que Kutxa no había pagado lo que le correspondía.

Sin embargo, la sentencia emitida ahora por el Supremo anula las liquidaciones que hizo la Hacienda, pero sin entrar en el fondo de la cuestión. Lo único que establece es que la segunda inspección realizada -la de 2006- está fuera de lugar, ya que en la primera -la de 2001- no se recogió la operación, por lo que no cabe reclamar la nueva deuda tributaria por la inspección realizada a Repinves SA.

Larraitz Ugarte subrayó ayer que por todo ello «Gipuzkoa perderá cerca de 30 millones de euros». Según sus palabras, «es ahora cuando el territorio tiene que asumir la herencia de una operación que dejaron sin supervisar hace trece años» los entonces responsables de la Diputación, Román Sudupe y Antton Market, frente a una Kutxa presidida por Fernando Spagnolo.

Ugarte subrayó que «para esta Diputación resulta muy grave que una entidad financiera haga ingeniería fiscal para no pagar impuestos, lo que evidencia «la falta de compromiso de la entidad hacia el territorio».

El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Josu Erkoreka, hizo referencia ayer a este caso y avanzó que sus efectos se analizarán en el Consejo vasco de Finanzas, aunque señaló que no cree que ello afecte «al conjunto del sistema». Y es que el pago de la Diputación será ingresado ahora por Kutxabank en Bizkaia.