Si en un principio el futuro de Fagor Electrodomésticos «era negro», ahora «se puede decir que es gris», declaraba esta misma semana Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno de Gasteiz, queriendo aportar algo de optimismo a un proceso largo y enrevesado. En el colectivo de dos mil trabajadores de las distintas empresas del grupo, y siguiendo con la metáfora de los colores, el futuro se presenta gris oscuro. Por una parte, por la temporalidad de las reubicaciones, que pese al esfuerzo de las cooperativas que las están llevando a cabo no aseguran una estabilidad. Y por otra, por las pocas garantías que ofrecen las promesas de mantenimiento de empleo efectuadas por las compañías que piensan acudir a la liquidación.

«A mí no me salen las cuentas. Te lo quieren poner muy bonito, pero yo no me lo creo todo. Ojalá me equivoque, pero mucha gente va a quedar muy mal». Es lo que piensa Lorea Bolinaga, que trabajaba en la planta de lavadoras de Garagartza y que se ha visto abocada a la prejubilación forzosa. Acudió el jueves a la manifestación que semanalmente se desplaza hasta las puertas de la sede central de la Corporación Mondragon para exigir una solución a la problemática de los ahorros depositados en la cooperativa y que ahora no pueden recuperar.

Entre los asistentes a la manifestación no se palpaba gran optimismo en torno al desenlace del proceso de liquidación de Fagor Electrodomésticos. Mañana mismo termina el plazo para que los acreedores presenten sus alegaciones al plan de liquidación, tras lo cual el Juzgado de lo Mercantil de Donostia deberá aprobarlo y quedará expuesto durante 25 días para que las empresas interesadas por las plantas vascas puedan realizar ya sus ofertas en firme .

Según las informaciones que han trascendido hasta el momento, las fábricas más codiciadas son las de Garagartza en Arrasate (cocción) y Eskoriatza (ollas a presión), así como la de Geyser en Bergara (calderas). Y las compañías dispuesta a pujar por ellas serían la catalana CNA (propietaria de la marca Cata) y la argelina Cevital, que mantendrá abiertas las cuatro plantas de Fagor Brandt en el Estado francés. El grupo catalán ha prometido mantener 500 puestos de trabajo en Arrasate y Eskoriatza y respetar las condiciones salariales y sociales de Fagor, mientras la argelina promete mantener 300 empleos. El fondo de inversión PHI, por otra parte, estaría dispuesto a hacerse con el 50% que Fagor tiene en la fábrica de calderas Geyser de Bergara, incluida junto con Edesa en la unidad de Confort.

También se muestra cauto ante estas informaciones Kiko Martínez, representante de la plataforma Ordaindu que agrupa a los afectados por los préstamos mercantiles y las aportaciones voluntarias de Fagor Electrodomésticos. Se jubiló cinco meses antes de que la cooperativa echara la persiana, pero eso no le impide ver con gran preocupación el futuro de sus compañeros más jóvenes.

«Están en una situación mala, por la incertidumbre ante su futuro laboral, ya que todavía hay muchos a los que aún no les han recolocado», señala. En cuanto a la posible compra de las plantas guipuzcoanas, admite que si se confirmasen las promesas de mantenimiento de puestos de trabajo «sería bueno porque todo lo que sea recuperar empleo es positivo». No obstante, quiere dejar claro que «hasta que no se concreten esas propuestas sobre el papel, todo es hablar y no nos podemos fiar».

Además, subraya que la compra de estas plantas por otras compañías capitalistas supondrá la pérdida no solo de las condiciones laborales, sino de la condición societaria de centenares de trabajadores. «Van a perder todos los derechos de cooperativistas, incluso los derechos que tenían con Lagun Aro».

Reconoce el «gran esfuerzo» que está realizando el resto de empresas de Mondragon para reubicar a los trabajadores de Fagor -55 cooperativas han acogido ya a alrededor de 900 trabajadores-, «sobre todo en plena crisis, cuando no hay tanto trabajo como para reubicar a tantas personas», pero lamenta que muchas de estas recolocaciones se están llevando a cabo «a costa de los trabajadores eventuales». «Es una lástima, pero es así».

Lorea Bolinaga ve también con preocupación el futuro de sus compañeros, tanto los que han sido reubicados como los que siguen en paro. Subraya que las reubicaciones realizadas son temporales, «para un mes, para dos, pero habrá que ver dentro de tres años cómo está la gente. No hay seguridad para nada». Augura que solo un 2% de los casi dos mil trabajadores conseguirá mantener su puesto de trabajo.

En cuanto a las promesas de mantenimiento de 500 empleos como la efectuada por CNA, manifiesta que no se cree todo lo que dicen. «Ojalá me equivoque, pero yo creo que mucha gente va a quedar muy mal». Además, cree que con la venta de los activos «se va a sacar muy poco dinero, solo para pagar los gastos del proceso judicial».

Ramón Rubio es uno de los trabajadores que ya han sido reubicados en otras cooperativas. Antes del cierre, trabajaba en la planta de frigoríficos de San Andrés y ahora está en Fagor Industrial. Tiene también palabras de agradecimiento para los compañeros de las cooperativas que les han acogido. «La gente se está portando muy bien con nosotros», afirma. Y en cuanto al proceso de liquidación, asegura que apenas disponen de información sobre la marcha del concurso y que están a la espera del desenlace. «Por una parte hay ilusión, porque dicen que se van a mantener puestos de trabajo, pero por otro lado, hasta ver cómo se concreta todo eso, estamos expectantes».

La preocupación por el futuro laboral no se circunscribe a las localidades del alto Deba. Los empleados de la planta de Edesa de Basauri luchan también por que no se les discrimine en las reubicaciones por el hecho de cotizar en el régimen general de la Seguridad Social y acaban de crear una asociación para reivindicar que «somos igual de socios que los del resto de cooperativas».

Además, este mismo viernes presentaban una alegación ante el Juzgado de Donostia porque consideran que el plan de liquidación, tal y como está redactado ahora, reduce las posibilidades de salvación de la planta. Según explican a este diario los impulsores de esta alegación, «lo que se pretende es que tanto la planta de Edesa como el 50% de Geyser se considere como una unidad productiva independiente y no como una planta más de Fagor».

Sustentan esta petición en que Edesa cumple con todos los requisitos necesarios como que dispone de una marca propia, maquinaria, inmuebles y trabajadores. A su juicio, la consideración de Edesa como una planta más de Fagor podría ser válida pero solo en una fase posterior, «en el caso de que no aparecieran interesados en la unidad productiva en su conjunto».

Estas fuentes añaden que han tratado de ponerse en contacto con la compañía que se ha mostrado interesada en la planta de Geyser (el fondo de inversión PHI) con el fin de solventar este problema, aunque no lo han conseguido, motivo por el que no han tenido otro remedio que hacer la alegación, pese a admitir que ello puede dilatar el proceso.

Pero las distintas vertientes de la liquidación de Fagor no terminan aquí. Además de los socios trabajadores de Fagor y Edesa, existe otro colectivo de alrededor de 350 personas, trabajadores por cuenta ajena de la propia Fagor, de Edesa y de Grumal, que piden también que les tengan en cuenta en las reubicaciones y, en su caso, en la venta de activos a otras compañías. Es por ello que sus representantes sindicales han hecho una propuesta para que la mitad de los nuevos puestos que se puedan crear sean para los trabajadores por cuenta ajena.

Devolución de los ahorros

Al margen de la incertidumbre que genera el futuro laboral, los socios de Fagor se enfrentan a otra problemática no menos importante, como es la no devolución de los préstamos mercantiles y las aportaciones voluntarias, que ascienden a 53 millones de euros, y que están abocando a muchas familias a una difícil situación económica.

Kiko Martínez explica que él mismo, cuando se jubiló en mayo del año pasado, decidió no reembolsar las aportaciones realizadas y dejarlas en la cooperativa «sin que nadie nos advirtiera del riesgo». Se queja de que la Comisión Gestora que dirige actualmente el grupo Mondragon no se haya puesto aún en contacto con ellos. «De fuentes fidedignas nos hemos enterado que no quieren saber nada de nosotros».

Lorea Bolinaga reclama también que la dirección de Mondragon se siente a negociar una solución a este tema y, al igual que su compañero Kiko, denuncia que no les hubieran avisado del peligro que corrían sus ahorros. «Incluso cuando ya dejaron de devolverlos, todavía seguían cogiendo nuevas aportaciones», denuncia. «Solo pedimos que nos sentemos a hablar sobre nuestros ahorros, que nos los han quitado. Se han quedado con todo».

Ramón Rubio desea también que se dé cuanto antes una solución a este tema. «Yo también me siento estafado porque, como otros muchos, tenía unos ahorros en la cooperativa y de la noche a la mañana nos los han quitado. Y ese era el dinero de mis hijos, porque lo tenía guardado para pagar sus estudios», se lamenta.

Kiko Martínez se muestra convencido de que es primordial poner solución a esta problemática, no solo para recuperar «nuestros ahorros de toda la vida», sino porque de lo contrario «vamos a perder todos los valores del cooperativismo».