Asalto policial a Aritxulegi y cinco detenidos en la «batalla del relato»
El bosque de Aritxulegi, en Oiartzun, que durante décadas ha acogido el recuerdo a militantes y otros ciudadanos vascos muertos a consecuencia del conflicto fue destrozado ayer por la Guardia Civil, en una operación encuadrada en la llamada «batalla del conflicto». La acusación se limita a «enaltecimiento», pero esta vez se quiso materializar con detenciones; cinco personas en total. Los abogados precisaron que no les consta que mediara una orden judicial.

El empeño del Gobierno español en imponer su relato sobre lo acontecido en Euskal Herria y borrar cualquier otro alternativo dio ayer un salto con la llamada «Operación Roble», que se saldó con la detención de cinco personas en Oiartzun, la imputación de otras seis y la destrucción policial de «Gudarien Basoa» («Bosque de los gudaris»), un lugar erigido hace décadas en el monte Aritxulegi para recordar a los militantes independentistas muertos durante las últimas décadas, muchos de ellos en acciones de guerra sucia y además impunes.
En un comunicado, el Ministerio del Interior detalló que el operativo comenzó a las 6.45, cuando la Guardia Civil procedió a la detención de Joakin Izagirre, de 63 años y natural de Donostia; Ramon Gaztelumendi y Ramon Sagarzazu, nacidos en Errenteria e Irun hace 49 años; y Xabier Iragorri, exalcalde de Oiartzun nacido en el año 1950. Por la tarde, agentes del instituto armado arrestaron igualmente a Miren Itziar Iñarra, de 55 años y natural de Oiartzun. Todos son independentistas veteranos y muy conocidos.
Se les imputa un delito de «enaltecimiento del terrorismo», y en concreto de haber intervenido en la plantación de 239 robles en el collado del monte Aritxulegi, un árbol por cada militante independentista muerto desde el año 1968, cuando falleció Txabi Etxebarrieta por disparos policiales en Tolosa. Madrid sostiene que la plantación de estos esquejes de roble supone un delito dado que tiene por objeto «crear un lugar emblemático, de culto y homenaje permanente a los miembros de ETA fallecidos, con el objetivo de legitimar su actividad terrorista y mantener vigente su ideario».
Esta hipótesis se cae ya en la propia nota del Ministerio, donde se cita que en el acto celebrado el pasado 9 de marzo se recordó a Arkaitz Bellon, que no era militante de ETA sino que cumplía condena por sabotajes. Cabe recordar además que falleció en prisión, al igual que Xabier López Peña, a quien se recordó en el mismo acto según apunta el Ministerio. Y ambas muertes tuvieron relación con la política penitenciaria, en la medida en que Bellon ya debía estar en libertad condicional para entonces y López Peña falleció por problemas de salud sin haber sido excarcelado.
En un claro afán de dar más relevancia al supuesto delito, el Ministerio del Interior se extiende en detalles como que ha hallado un lugar «preparado para la colocación de un mástil y una placa cuando se celebran los actos de homenaje» a «miembros de ETA fallecidos». La realidad es que este monolito, que ha sufrido dos ataques durante el último lustro, fue instalado por ANV para recordar a Txato Olabarri, gudari fallecido en 1936 luchando contra el fascismo.
Sortu y Diputación
En respuesta a la operación policial, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, que acusó al PP de tratar de imponer una visión parcial del relato, recordó que, «por encima de las ideas y las banderas, en este país han muerto centenares de personas relacionadas con el conflicto político; personas que tenían familiares, amigos y un círculo vital, todas sin excepción. Y a esas personas les asiste el derecho a recordar a sus seres queridos por encima de su adscripción ideológica». Al fin y al cabo, subrayó Barrena, «recuerdo y memoria no son sinónimos de homenaje ni de apología».
«Es ilegítimo agredir la memoria y el recuerdo de alguien fallecido [...] Actuar contra el derecho a la memoria es empeñarse en obstaculizar la paz y la normalización política; actuar como ha hecho la Guardia Civil es faltar gravemente al respeto de las personas que han perdido la vida como consecuencia del conflicto político, y es una humillación a sus familiares», añadió tras denunciar que se ha detenido a cinco personas por un «supuesto delito de opinión».
A su juicio, el Gabinete de Mariano Rajoy utiliza este tipo de operaciones para tratar de «imponer por la fuerza la españolidad de este territorio. Trata de seguir negándonos a los vascos el derecho a decidir nuestro futuro». «Que los Borbones se vayan cuanto antes y se lleven a quienes vinieron a este país a imponer por las armas un régimen decrépito y corrupto», concluyó Barrena
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, señaló que las detenciones son un intento de «desviar la atención más abajo del Ebro». «Es llamativo que la crisis de España coincida con una acción en contra de Euskal Herria», relató la diputada soberanista, que destacó la «crisis institucional» vigente en el Estado español.
En cuanto al futuro de los arrestados, cuya detención fue comunicada, las agencias estatales avanzaron que estos declararán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Las personas que recibieron una citación, prestaron declaración ayer en el cuartel de Intxaurrondo, donde se convocó una concentraciónn para arropar a los imputados. A la misma asistieron Pernando Barrena y el coordinador de la Sortu en Gipuzkoa, Joxean Agirre, entre otros.
Los seis imputados permanecieron en el interior del cuartel de la Guardia Civil hasta pasadas las 19.15 horas, cuando abandonaron las instalaciones tras finalizar las diligencias ante los agentes del instituto armado.
La detención de estas cinco personas tuvo lugar un día después de que comenzarán a declarar en el Palacio de Justicia de Gasteiz los usuarios de redes sociales imputados en la «Operación Araña». Este operativo, que recibió el visto bueno del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se saldó con 21 detenidos, acusados de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» y «humillación a las víctimas».
Oiartzungo Udalak operazioa salatu du
Oiartzungo Udalbatzak irmo salatu zuen atzo udalerrian izan zen polizia operazioa, eta konponbidearen aldeko ekimenetan parte hartzeko deia luzatu zien herritarrei. Atxilotuak zein deklaratzera deituak izan ziren sei herritarrei eta euren ingurukoei babesa ere eskaini zien. «Ez dago eskubiderik bizi dugun garaian, konponbidea hor dagoenean, gure herrian hainbeste jende sufritzen egotea. Uste genuen atxiloketen garaia atzean utzi genuela, baina ez da horrela. Hala ere, guk aurrera jarraituko dugu», azpimarratu zuen Miren Irigoien zinegotziak gobernu taldearen izenean.
Bestalde, atzo Errenteriako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak adierazpen instituzionala onartu zuen aho batez. Onartutako testuan, EH Bildu, PSE, EAJ, PP eta Ezker Anitzako bozeramaileek zalantzak agertu dituzte akusazioen gainean. «Ohartarazi dugu egitate horiek orain arte ez direla ezagutarazi, nahiz eta, ustez, duela hilabete batzuk gertatu ziren», adierazi zuten. Halaber, egia, memoria eta justizia eskatu zuten herriko biktima guztientzat. GARA

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