La mayoría de los partidos vascos criticó con dureza la sentencia condenatoria del «sumario 35/02». También el Gobierno de Lakua reaccionó ante el fallo y lo calificó de «lamentable».

Sortu convocó de urgencia una rueda de prensa en la que manifestó su «rechazo más absoluto» a la sentencia de la Audiencia Nacional y denunció que con decisiones judiciales como esta, «se han propuesto culminar la venganza del Estado contra todos los que durante años han formado parte de las diferentes direcciones de la izquierda abertzale» y pretenden «escenificar una derrota política de la izquierda abertzale que la sociedad vasca les niega una y otra vez a España y sus partidos, por medio de las urnas».

Los portavoces de Sortu Pernando Barrena y Maite Ubiria explicaron, además, que de entre los cinco condenados a tres años de prisión, Rufi Etxeberria «ha cumplido ya cuatro años» de cárcel, mientras que otros los procesados «también han permanecido más tiempo en prisión del que han sido condenados por el sumario».

Barrena y Ubiria afirmaron que con esta sentencia «se castigan ideas y actividades políticas». En ese sentido, señalaron que el «objetivo político» de esta decisión de la Audiencia Nacional «va más allá» de las personas condenadas e «incluso de la propia izquierda abertzale». Por ello, reiteraron la voluntad de Sortu de alcanzar acuerdos con otras formaciones para llevar «el proceso de paz hasta sus últimas consecuencias». Convocaron movilizaciones para la tarde de ayer y concentraciones el sábado a las 12.30 en Donostia, Bilbo, Gasteiz e Iruñea.

Aralar, EA, Alternatiba y Ernai hicieron públicos comunicados en los que criticaban con dureza la sentencia de la Audiencia Nacional, al tiempo que se solidarizaban con los condenados.

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, Jonan Fernández, afirmó ante los medios que «es lamentable que debamos seguir pagando en el presente la factura de un tiempo pasado de medidas políticas y legales». Abogó por un nuevo tiempo en el que «no tuviera cabida la aplicación de legislaciones excepcionales».

El PNV, por su parte, sostuvo que la sentencia «vuelve a ser un paso atrás en el proceso de normalización política que vive Euskadi». Denunció la existencia de un «impulso político» tras la actuación de la Audiencia Nacional.

Lokarri expresó su «total desacuerdo» con la condena. En primer lugar, denunció la «dilación indebida» que supone que hayan pasado doce años desde que se puso en marcha el sumario. También criticó que la base de la condena sea el «todo es ETA» que lleva a que cualquier persona que comparta objetivos o ideología es parte de la organización. En conclusión, la sentencia es vista como un obstáculo en el nuevo tiempo abierto tras el cese de actividad de ETA.

Lokarri se solidariza con los condenados y llama a los poderes del Estado a dejar de obstaculizar el camino hacia la paz y la convivencia.