2014/10/30

El arresto de un guardia civil prueba que la trama fue avisada de la redada

La gran trama corrupta estatal destapada en la llamada Operación Púnica sigue creciendo en extensión. La detención de un guardia civil confirma que hubo un chivatazo previo a Francisco Granados, exdirigente del PP en Madrid. Algunas fuentes apuntan a que se movió mucho dinero una vez que la investigación ya estaba en marcha. Y en otras autonomías se revisan contratos con Cofely, que también tiene adjudicaciones de Lakua e Iruñea.

GARA MADRID
P004_f01

La parte de la gran trama estatal de corrupción desvelada hasta ahora por la Operación Púnica puede ser solo la punta de iceberg, pese a que ya hay 51 imputados. Por un lado, filtraciones periodísticas indican que altos cargos políticos recibieron con expresiones como «ya tardaban» la noticia de las detenciones, lo que apunta a que la situación era muy conocida. Por otro, se ha publicado que hay constancia policial de que se movieron importantes cantidades de dinero después de que se iniciaran las investigaciones. Y en paralelo, se confirma que al menos el cabecilla, Francisco Granados, fue avisado por un guardia civil, detenido ayer.

Se trata de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) acusado de haber informado al exdirigente madrileño del PP de la operación que se iba a llevar a cabo. Con él son ya 36 los detenidos, entre los que figuran junto a Granados seis alcaldes madrileños, jefes de gabinete, arquitectos, abogados, técnicos municipales y altos ejecutivos de empresas.

Durante la jornada de ayer fueron completándose las primeras tomas de declaración en la Audiencia Nacional. A última hora de la noche, el juez Eloy Velasco se pronunció sobre 12 de los 35 arrestados el lunes. Dictó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 60.000 para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado de David Marjaliza. Fijó también fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), y de 20.000 asesor de Parla, Avelino Pérez Pallarés (IU) y dejó en libertad a otros seis. En la tanda de comparecencias para hoy se encuentran Granados, el presidente de la Diputación de León y directivos de Cofely.

Esta empresa, más concretamente la filial española de la multinacional francesa, estaría en el epicentro de la trama. La Guardia Civil investiga cuatro contratos por importe global de casi 115 millones de euros con diferentes ayuntamientos madrileños. Se ubicaban en el ámbito de los servicios energéticos y se presentaban como mejoras introducidas para ahorrar gasto público, cuando en realidad eran lo contrario. Cofely también tiene contrataciones en otras comunidades, por lo que algunos gobiernos como el gallego se anticiparon a ponerlas a disposición del juzgado.

También en Euskal Herria

Tanto el Gobierno de Lakua como el de Iruñea han contratado también a Cofely. En el primer caso, consta una adjudicación del Departamento de Justicia en 2010 para mantenimiento de edificios judiciales de Bizkaia. En el segundo, Cofely gestiona la central de energía de la Ciudad Agroalimentaria de Tutera.

Por lo que respecta a Lakua, tanto EH Bildu como el PSE -que era entonces el titular del Gobierno de Lakua- han pedido al actual Ejecutivo toda la documentación al respecto. Por parte de la coalición, Unai Urruzono indicó que lo que se va conociendo en Madrid «es lo suficientemente grave para que este asunto sea investigado a fondo. El propio departamento debería actuar». Idoia Mendia, máxima dirigente del PSE, es quien firma la petición de este partido en el mismo sentido. Al parecer, a la propia Guardia Civil le ha llamado la atención que el precio de contratación fuera muy bajo respecto al de licitación, en torno a la mitad.

El Ejecutivo Urkullu no hizo pública ayer opinión alguna. Sí el de Barcina, cuyo portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain, aseguró que el concurso de Tutera fue ganado por Cofely «en libre concurrencia», «con toda objetividad» y «con todos los controles y fiscalizaciones».

La corrupción cuesta al Estado casi el triple del presupuesto de Lakua e Iruñea

La corrupción va mucho más allá de impactos individuales o sectoriales en el Estado español. Se constata en la proliferación de casos, que convierte esta lacra en algo muy generalizado, y existe un estudio reciente que lo confirma todavía más. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias presentaron en julio un cálculo del impacto económico que tiene esta práctica en el Estado español, midiendo diferentes variables y yendo más allá de lo que ya ha sido probado judicialmente. El resultado es abrumador: la corrupción cuesta al Estado español unos 40.000 millones anuales.

Para hacerse una idea, ello supone prácticamente el triple de lo presupuestado por los gobiernos de Lakua e Iruñea para el ejercicio de 2015 (10.639 y 3.797 millones respectivamente, 14.436 en total). Otro dato comparativo interesante puede ser que esos 40.000 millones perdidos por la corrupción son un tercio de lo que el Estado español gastará en pensiones en todo el año 2015 (ha presupuestado 131.659 millones de euros). Y 40.000 millones es también lo que ha costado el rescate bancario.

Para hacer esta estimación, además del impacto directo (dinero público sustraído) se incluye una proyección de los casos que no han podido ser probados judicialmente dadas las evidentes dificultades para esclarecer estos delitos. Se añade igualmente el cálculo del desánimo que producen estas prácticas en la población, deteniendo proyectos personales y profesionales, y también el impacto que tiene la corrupción sobre la reducción de la inversión extranjera en el Estado español.

Hasta ahora, las estimaciones existentes se basaban más en factores subjetivos como encuestas ciudadanas de percepción de la corrupción. De ahí se extraen mediciones como la del Indice de Transparencia Internacional, que sitúa al Estado español en el puesto 30 (comenzando por los más «limpios»), justo por detrás de Chipre y Emiratos Árabes, igualado con Israel, y superando por muy poco a Portugal, Puerto Rico, Botsuana, Taiwán y Bután. De los estados importantes de Europa, solo Italia, Serbia, Grecia, Rumania o Polonia figuran por detrás dado que su ciudadanía los considera más corruptos, aunque tras la última sucesión de escándalos es bastante previsible que el Estado español haya perdido unos cuantos puestos.

Los investigadores canarios autores del informe -Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León- explican que su método reduce las cuestiones de subjetividad para centrarse en cuestiones medibles. Remarcan además que la consiguiente reducción del dinero público debida a la corrupción tiene un impacto muy directo en la calidad de vida de la ciudadanía, aspecto que habitualmente puede pasar desapercibido. El trabajo ha sido publicado en revistas internacionales y ha obtenido amplio eco en las últimas semanas. GARA

Los 4,03 euros embargados a Urralburu, ejemplo de un dinero que nunca vuelve

Hasta el reciente caso del balear Jaume Matas (PP), el navarro Gabriel Urralburu (PSN) era el único presidente autonómico que había pisado la prisión por corrupto. Fue durante apenas 444 días (luego pasó dos años más en tercer grado), después de que el Supremo rebajara a cuatro años de cárcel los once impuestos inicialmente en Iruñea. En Madrid se le retiró la condena por delitos contra la Hacienda (que sumaba siete años) al aceptarse que estaban subsumidos en el de cohecho.

Desde que quedó libre definitivamente, en 2003, Urralburu es ejemplo de otro efecto evidente de la corrupción: que el dinero sustraído casi nunca vuelve. La condena inicial resultó contundente también en la parte económica, dado que se le impusieron 780 millones de pesetas (4,70 millones de euros) de multa, además la obligación de pagar 530.000 euros a la Hacienda foral como responsabilidad civil.

``Diario de Noticias'' publicó en 2011 que trece años después del juicio la Hacienda navarra -de la que Urralburu fue máximo dirigente como presidente navarro entre 1984 y 1991- solo había recuperado, mediante embargos de cuentas, 14.279 de esos 530.000 euros. Es decir, menos de un 3%. El desglose resultaba aún más hiriente, dado que se había interceptado una cuenta del corrupto en Caja Madrid con 769,62 euros, otra posterior en el mismo depósito bancario por 988,20 euros, y un tercer embargo en una cuenta de Caja Navarra ¡de 4,03 euros!

En aquella época, según la misma información, Urralburu estaba haciendo algunas aportaciones mínimas a la Hacienda navarra: apenas 119,43 euros al mes. Todo ello pese a resultar conocido que trabajaba en un bufete de abogados de Madrid, donde fue contratado cuando todavía estaba en prisión. Como es norma, el expresidente navarro ha argumentado no disponer de más dinero. Pero aquellas aportaciones mensuales de 119 euros se correspondían con un sueldo de 1.039 euros. O sea, que el abogado Urralburu se presentaba ante la Justicia como mileurista.

Aparte de eso, lo poco que se recuperó de aquellas enormes «mordidas» por obras públicas (5% de las adjudicaciones según la sentencia, frente al 3% del que se habla en la Operación Púnica) fue el dinero interceptado por la Justicia suiza y entregado a la Audiencia Provincial de Nafarroa al inicio del caso. Se publicó que se rescataron 521 millones de pesetas, aunque de ellos solo 149 pertenecían a Urralburu porque los 373 estaban a nombre de su exconsejero de Obras Públicas Antonio Aragón, también condenado y encarcelado. A Luis Roldán, otro miembro de la trama, se le incautaron apenas 4 millones.

Urralburu se mantiene lejos de Nafarroa, aunque sacó la cabeza hace cuatro años en una entrevista para un libro que intentaba defender su figura. En ella decía el expresidente navarro, en la línea de Rajoy anteayer, «lamentar el error grave», pero reivindicaba que «cada día que pasa es más evidente que lo bueno que hicimos sobresale sobre estos hechos negativos tan graves». A partir de ahí, el fundador del PSN se dedicaba a cargar contra la izquierda abertzale y a presentarse como abanderado de la política de ilegalización con su agresividad en los años 80. R.S.