Ainara LERTXUNDI

El reto de «reinventar el derecho y combatir la impunidad social» en Colombia

«¿De qué ha servido a la comunidad que el general Rito Alejo del Río fuera condenado a 26 años por una sola masacre si siguen sin saber el paradero de los desaparecidos? ¿Ha transformado este hecho el dolor de las víctimas?», se pregunta el activista colombiano y miembro de la Comisión de Justicia y Paz Danilo Rueda. De cara al postconflicto, aboga por combatir «la impunidad social» y por «cambiar la relación de fuerzas», desechando «viejos discursos».

En agosto de 2012, el general colombiano Rito Alejo del Río fue condenado a 26 años de prisión por una masacre cometida por paramilitares en el Urabá chocoano en 1997. En una sentencia de 38 páginas, el juez concluyó que fue «una de las principales cabezas de un contubernio criminal». «Es indudable que en la organización irregular existían jefes encargados de diseñar estrategias y dar las órdenes. El entonces general Del Río era uno de los indiscutibles líderes de la organización, junto con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el `Alemán' y `Doble Cero', y por sus manos pasaban el diseño de estrategias, impartición de órdenes, acopio de apoyos y despliegue de tropas conjuntas», resaltó el magistrado.

Tomando como referencia este fallo, el integrante de la Comisión Justicia y Paz y defensor de derechos humanos Danilo Rueda se preguntó en qué ha beneficiado a la comunidad afectada el hecho de que fuera condenado a 26 años, si a día de hoy siguen sin saber la verdad de lo ocurrido. «La propia comunidad ha propuesto que, en vez de estar en prisión, conviva con ellos durante seis meses sembrando arroz y les diga la verdad, quién les financió, qué empresas han estado vinculadas al narcotráfico...», destacó.

En este punto y centrándose en la aplicación de la que se conoce como justicia transicional, lanzó una serie de interrogantes de cara a una etapa postconflicto:

«¿Para qué la cárcel? ¿Es realmente aleccionador? ¿Transforma el dolor de las víctimas el hecho de que un general o unos militares estén en prisión? Ya sabemos contra quiénes se aplica siempre esa `no impunidad', contra los de abajo, contra los rebeldes, nunca contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Debemos reinventar el Derecho, buscar otras fórmulas y, sobre todo, combatir la impunidad social, más que la jurídica, porque el grueso de la sociedad desconoce la comisión de estas masacres, no quiere ver estas realidades».

Incidió en la necesidad de revertir «el imaginario que crean los medios de comunicación». Recordó que, el viernes pasado, cuatro presos de la guerrilla se cosieron la boca en la cárcel de Eron-Picota de Bogotá para denunciar la desatención médica que padecen y la vulneración de derechos. «Los mensajes que sobre esta denuncia pude leer en las redes sociales decían cosas como `¿por qué no se han cortado un brazo o los testículos?', `tranquilos, os llevaremos cianuro'. Debemos luchar contra este tipo de impunidad social y discursiva, en la que el `otro no es más que un terrorista'. Para ello es esencial que las víctimas dispongan de un canal propio de televisión y otro de radio a nivel nacional, como ya lo tienen los militares, para que desarrollen estrategias de publicidad, se apropien del lenguaje y hagan llegar a la sociedad sus relatos», y la configuración de una Comisión de la Verdad.

Para poder hacer efectivos los cambios que conduzcan al país a una paz con justicia social, Rueda insta a «cambiar la correlación de fuerzas» existentes y a crear «una nueva cultura política» alejada de «prácticas excluyentes y de viejas pugnas ideológicas que la gente no entiende, y enamorar a los sectores medios de la sociedad. Solo con madurez y creatividad podremos tomar el poder legislativo, ejecutivo y judicial».

Cada proceso de paz es un mundo, pero mundo solo hay uno

Que cada proceso de paz es un mundo quedó en evidencia durante la mesa temática sobre el papel de los movimientos sociales en su implementación que se reunió el viernes por la tarde en el marco de las jornadas organizadas por Mundubat y Pausumedia. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, fue el encargado de moderar lo que resultó un interesante coloquio que hizo honor al título de las jornadas:«Aprendiendo de las experiencias de otros procesos de paz». Ríos hizo una exposición de la conocida y comprometida posición de Lokarri sobre el proceso abierto en Euskal Herria y negó tajantemente que estemos ante un proceso unilateral. En esta línea, y tras explicar a los presentes las vicisitudes de un proceso en el que el Estado se niega a participar -es más, responde intentando torpedearlo una y otra vez-, situó a la sociedad vasca, y en ese marco a los movimientos sociales como el segundo agente, mejor dicho el primero, de este proceso. Un agente y un garante del proceso que, auguró, asegurará su éxito forzando a la clase política y, en su caso, al Estado a abandonar inercias y a moverse hacia la dirección que, a su juicio y desde hace muchos años, tiene clara y definida la sociedad vasca.

Como quedó en evidencia en los turnos de intervención del público, estas peculiaridades del proceso vasco son difíciles de comprender para los analistas de procesos de diálogo pasados o actuales en Latinoamérica. Es difícil de entender desde Colombia cómo un proceso puede tener éxito si no participa el Estado. Otra interviniente, esta vez salvadoreña, matizó al portavoz de Lokarri señalando que la participación del Estado y de la sociedad civil en los procesos de paz no se excluyen entre sí, sino que son complementarias. Ríos le dio la razón aunque apostilló que ha habido procesos en los que la participación de la sociedad no ha sido genuina, sino dirigida artificialmente, lo que en muchos casos ha provocado su fracaso. Ya en el capítulo de los ponentes, el irlandés Mark Thompson, miembro de Relatives For Justice, ofreció una interesante disertación sobre el proceso irlandés. Este experto en cuestiones de justicia insistió una y otra vez en el papel decisivo de la diáspora irlandesa en EEUU y del Gobierno estadounidense para neutralizar el bloqueo, que lo hubo por parte del Estado británico, al proceso.

Un proceso, el irlandés, que tal y como recordó Thompson -en un nítido mensaje para los impacientes-, está lejos de haber acabado 20 años después de su inicio oficial y 15 años después de la firma de los Acuerdos de Viernes Santo. «Persisten muchos problemas de entonces, pero hoy podemos mirar al pasado como eso, como pasado. Y eso es algo maravilloso». Dabid LAZKANOITURBURU