Ramón SOLA
Analisia | Indarkeria futbolean

Entre todos lo mataron y «Jimmy» solo se murió

La delegada del Gobierno español en Madrid hacía campaña de imagen en «prime time» el sábado noche mientras hinchas del Atlético y el Deportivo contaban las horas para pelearse a muerte. La negligencia policial es uno de los factores principales en una tragedia con muchos responsables que ahora se lavan las manos y se escudan en que Francisco Javier Romero Taboada, «Jimmy», era carne de cañón. Así las cosas, parece que esta vez tampoco habrá soluciones.

A la reyerta de Madrid que acabó con un hincha del Deportivo muerto de un golpe brutal y «enterrado» en las aguas del Manzanares le ha sucedido toda una competición de excusas que no vaticina nada nuevo ni nada bueno. Llueve sobre mojado, pero nadie se responsabiliza de un drama que hubiera sido perfectamente evitable solo con que alguna de las siguientes variables hubiera funcionado:

Las FSE

La chapuza policial es la evidencia más clamorosa. ¿Cómo es posible que una «quedada» organizada por teléfono y que reunía a hinchas de al menos cuatro equipos no fuera advertida y prevenida? La Delegación del Gobierno español en Madrid alega que no tenía constancia de la llegada de autobuses de Riazor Blues, y desde Galicia se apunta a que la pista se perdió porque los autocares se contrataron en Lugo y no en A Coruña. Sin embargo, tampoco hubo reacción policial alguna tras constatarse que sospechosamente decenas de miembros del Frente Atlético habían quedado a una hora inusualmente temprana para «desayunar» (la brutal pelea se desencadenó a las 8.49). El despliegue en torno al Calderón era el mínimo: 150 agentes para un partido «de bajo riesgo», cuando otra veces no es extraño ver allí cientos y cientos de policías, incluso a caballo.

Nadie refleja el nivel de incapacidad mejor que la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes. En la noche del sábado, cuando los dos grupos ultras ya debían estar calentando motores, Cifuentes hacía campaña en el plató de Tele5, dejando titulares como el de «para coleta, la mía», al ser preguntada por Pablo Iglesias (Podemos). El domingo, ya tras consumarse la tragedia, improvisó una reunión con la cúpula policial durante todo el día sin ofrecer un diagnóstico claro de lo que había ocurrido, y en sus declaraciones intentó desviar la atención hacia un dato ajeno y colateral: por qué el partido no se suspendió.

Ayer sí tuvo que entrar obligadamente a sus propias responsabilidades, pero recurrió a desviar la atención hacia sus colegas de Galicia: «Si allí se sabía algo y no se advirtió a Madrid...» Los mandos gallegos le contradicen al afirmar que informaron correctamente, y también lo sostiene el sindicato SUP. A todo esto, no parece que el encuentro previo de los Riazor Blues con ultras de Vallecas y Alcorcón se hubiera producido en Galicia, sino en territorio de Cifuentes...

Las leyes

La muerte de Aitor Zabaleta en 1998 provocó una sacudida general, pero desde el Gobierno del PP no se tomó ninguna medida eficaz, más allá de declaraciones grandilocuentes en años posteriores como las del entonces ministro y hoy presidente, Mariano Rajoy, cuando aseguró que los hinchas violentos verían los partidos «en los calabozos». Y ello contrasta mucho con el aumento de medidas punitivas en los campos de fútbol estos años contra situaciones absolutamente pacíficas.

En campos de la Liga, incluidos los vascos, se han producido incautaciones de bufandas y prendas con simbología abertzale, multas de hasta 3.000 euros por llevar un arrano beltza, o de 4.000 por intentar acceder al campo con una botella de vino... El Gobierno de Lakua anunciaba ayer mismo que aprobará este mes una legislación sobre adicciones que prohibirá fumar en los campos. Es decir, las restricciones legales están al orden del día hasta convertir los estadios en lugares excepcionales en que se llegan a perder todo tipo de derechos, pero la violencia dentro y fuera no ha sido combatida con el mismo rigor normativo.

«Siendo francos, no hemos sido suficientemente contundentes», afirma el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Las sanciones

En febrero de este año, un bote de humo cayó al campo en un Villarreal-Celta, en pleno partido. La imagen dio la vuelta al mundo y pudo acabar en tragedia. Pero como no lo fue, no pasó nada, absolutamente nada. El aficionado, que llevaba una camiseta del equipo local, ni siquiera resultó detenido. Y la multa de la Comisión Antiviolencia al club castellonense no pasó de 4.000 euros, lo mismo que se impone por intentar colar una botella de vino en el campo. Sin embargo, se trataba de un objeto militar, de una auténtica arma que según expertos no estaba al alcance de cualquiera.

No hay que irse tan atrás. Sin llegar a tal gravedad, este mismo domingo por la noche, Leo Messi recibió un botellazo en Mestalla cuando celebraba el gol del Barcelona. Aparentemente estaba cerrada (algo totalmente prohibido para evitar daños en caso de que sea lanzada). Sin embargo, el árbitro ha consignado en el acta que ninguna de las botellas que allí vio tenía tapón, por lo que la sanción al Valencia será mínima o no existirá. El club dice que expulsará al agresor... si lo encuentra. Y apostilla ya que lo ve difícil. En ese córner se ubica una grada joven mimada especialmente por el Valencia.

El ATLÉTICO

La tolerancia con la violencia en el fútbol tiene como exponente principal al Atlético de Madrid y más concretamente al Frente Atlético, en cuya zona del Calderón se ubican unas 4.000 personas. La lista de crímenes y desmanes es amplia, desde el apuñalamiento mortal de Zabaleta a la reciente cita en una gasolinera para pelearse con ultras del Sevilla. Pero nadie ha planteado hasta ahora ninguna medida drástica con esa organización. Es más, los dos máximos mandatarios del club la blindaron el mismo domingo, con el cadáver aún caliente. El consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, alega que «yo no soy quien para disolver el Frente Atlético». Y para el presidente, Enrique Cerezo, «esto no tiene nada que ver con el Atlético».

Los clubes

Sin embargo, en la propia Liga hay precedentes de clubes que ponen coto a sus ultras, y se trata precisamente de los dos más grandes. Barcelona antes y Real Madrid ahora han decidido que no quieren ver manchada su marca por grupos incontrolados que suponen una auténtica bomba de relojería. Sacar del Camp Nou a los Boixos Nois le costó al entonces presidente culé, Joan Laporta, varios años de amenazas. Ahora es Florentino Pérez quien parece haber decidido cortar con los Ultrasur, aunque este tema sigue abierto.

Más habitual ha resultado que los clubes promocionen, o al menos amparen, a sus grupos ultras, y especialmente cuando la merma de asistencia a los campos por la televisión y la crisis hace que el ruido de esas hinchadas sea más necesario que antes. Sin llegar a lo que ocurre en Argentina con las «barras bravas», algunos grupos como los Biris del Sevilla se han hecho fuertes retando a la directiva.

Nadie parece apostar por fórmulas más inteligentes como la de la Bundesliga, donde la política de precios baratos (en Dortmund es posible ver al Borussia por seis euros) ha llenado los estadios, pluralizando la animación y reduciendo el impacto de los grupos violentos. La Premier tuvo que tomar medidas más drásticas tras lo ocurrido en Hillsborough (96 muertos) o Heysel (39). En la actualidad hay 2.273 personas en Inglaterra e Irlanda que tienen vetada la entrada a los campos de fútbol.

La Liga

La Liga de Fútbol Profesional es la entidad organizadora de la competición. El mensaje lanzado al no suspender siquiera el partido del Manzanares resulta tremebundo para la sensibilización general. Y aquí vuelven los rosarios de excusas: la LFP argumenta que la competencia para ello era de la Federación Española de Fútbol y que no localizaron a tiempo a su responsable, el exárbitro Victoriano Sánchez Arminio.

La laxitud en este tema contrasta con el modo en que la LFP sí se ha tomado en serio otras cuestiones pendientes en el fútbol estatal, como los amaños de partidos (el Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11 va camino de juicio y marcaría un precedente) o la imposición de estrictas normas de rigor económico (descensos incluidos). «Es el fin de los ultras, vamos a acabar con ellos», proclamó ayer Javier Tebas, presidente de la LFP, obligado por la presión ambiental. Sin embargo, por la mañana en Radio Euskadi había puesto bastante más sordina al asunto. Entre otras cosas, Tebas argumentó que el hincha fallecido «no era un aficionado normal».

A lo largo del día se filtró que Jimmy Romero Taboada tenía antecedentes por malos tratos, robo con violencia, tráfico de drogas y una pelea con ultras del Zaragoza. Era padre de un niño de cuatro años. Según la autopsia, fue golpeado con una barra de hierro de 2,5 centímetros de grosor y sufrió «traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna y estallido de bazo». Luego lo arrojaron al río. Se desconoce por ahora si entre los detenidos están los autores y si de ahí se fueron a cantar los goles de su equipo. A primera vista, llama la atención que de los 21 detenidos solo cuatro pertenezcan al Frente Atlético.

Los Ultras

La responsabilidad de las peñas ultras obviamente no es la menor, aunque este bloque sea el último. A los encontronazos de antaño les ha sucedido ahora la tremenda moda de las peleas programadas. Algunas fuentes afirman que en Madrid incluso había un intermediario que lanzó un cohete para dar inicio a la batalla, si bien desde A Coruña se atribuye todo a una «encerrona» y se señala a un «chivato».

Hechos similares han ocurrido ya en Euskal Herria. Hace dos años, ¡en un amistoso veraniego!, hooligans de Osasuna y Zaragoza se citaron en Tafalla para pegarse. Y no es algo exclusivo de la élite: ahí están los heridos y detenidos en abril en un Recreativo-Alavés o en 2008 en un Barakaldo-Sestao de Segunda B.