Los centros especiales de empleo constituyen prácticamente la única alternativa que tienen las personas con diversidad funcional para encontrar empleo. De hecho, y según los datos publicados ayer, Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, la contratación en este tipo de centros ha crecido un 7,9% en Hego Euskal Herria entre agosto y octubre, hasta alcanzar los 2.066 contratos, mientras que en el conjunto del Estado español, el aumento llega hasta el 21%.

Sin embargo, detrás de estos datos se esconde una realidad que pone en evidencia el «fracaso» de las políticas públicas encaminadas a potenciar la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Tal y como explicaron ayer delegados de los centros especiales de empleo Gureak, Katea Legaia y Lantegi Batuak y miembros de la sección Gaituak del sindicato LAB, «la tasa de actividad de nuestro colectivo sigue estando muy por debajo de la media, los bajos salarios siguen sin garantizar una vida digna e independiente y seguimos sin tener la mismas oportunidades a la hora de buscar empleo».

En este sentido, revelaron que en muchos centros especiales de empleo, «a pesar de recibir dinero público, hay todavía trabajadores cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)».

Tras recordar que la discapacidad «no es un negocio, no es mano de obra barata, ni somos personas que se puedan manipular», subrayaron que «no queremos que nadie más se enriquezca a costa nuestra», por lo que exigieron que se prohíban los centros especiales con ánimo de lucro «y se democraticen los demás».

Es por ello que solicitaron a las administraciones «que hagan un control estricto del uso de las subvenciones y que garanticen nuestra presencia en aquellos marcos donde se tomen decisiones que nos afecten a los trabajadores».

Junto a ello, exigieron que «de una vez por todas se construya un modelo económico y social que responda a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo, impulsando un modelo real de integración laboral, eliminando todo tipo de barrera discriminatoria y garantizando una vida digna y de calidad para todas las personas». Asimismo, reclamaron pensiones dignas, ya que «la Seguridad Social española nos condena a vivir en la precariedad y en la dependencia. Nosotras y nosotros también vivimos y trabajamos aquí -señalaron-, por lo que reivindicamos decidir aquí nuestras pensiones».

Según un reciente estudio efectuado por la Fundación Adecco, el perfil del trabajador que ha incorporado al mercado laboral responde a un hombre (55%), con una edad predominante de entre 26 y 45 años, discapacidad física (45,2%) y estudios elementales (30,2%). De hecho, el porcentaje de personas con estudios primarios representa casi el doble en el caso de las personas con discapacidad (18,8% frente al 10,8% del total general). El tipo de contrato mayoritario es el de operario de producción, limpieza o textil (30,7%).

El segundo puesto más demandado es el de dependiente (13,7%), seguido del de teleoperador (7,7%). Algo más lejos quedan los cajeros (3,5%) y los auxiliares administrativos (3,3%), mientras que cierran la lista los ingenieros (1,2%).