«Desde hoy (por ayer), los sirios que llegan a nuestras fronteras han comenzado a presentar sus documentos para poder entrar en el país», anunció un responsable de la Seguridad General libanesa.

Se trata de la primera imposición de visados de entrada en la historia de esos dos países, cuyos habitantes han disfrutado siempre de libertad de tránsito desde la independencia en los años 40. No hay que olvidar que Líbano, cuya configuración como Estado fue impulsada por el Estado francés con el objetivo de crear un gobierno cristiano aliado sobre la base de la minoría maronita, ha formado históricamente parte de la llamada Gran Siria. Chiíes libaneses viven a día de hoy en territorio sirio mientras que sirios suníes hacen lo propio en Líbano, donde están articulados políticamente en grupos pro-sirios.

La guerra siria, que en casi 4 años ha dejado un saldo de más de 200.000 muertos y 11 millones de huidos (refugiados o desplazados) amenaza directamente a Líbano. Y no solo porque el País de los Cedros acoge ya oficialmente a 1,1 millones de refigiados sirios (Líbano cuenta con 4 millones de habitantes). La ONU calcula que la cifra será seguro superior, porque muchos sirios no están registrados.

Pero no solo hablamos de presión demográfica y económica. Este flujo pone a prueba las frágiles infraestructuras estatales de un Líbano dividido por criterios confesionales. La opinión pública libanesa asiste alarmada a la degradación de la seguridad en zonas fronterizas como Aarsal, que alberga a decenas de miles de refugiados y cientos, cuando no miles, de opositores armados. Y es que el país está partido en dos. Hizbulah, el Partido de Dios chií, lucha abiertamente junto al Gobierno de Damasco en suelo sirio, mientras que la oposición libanesa suní del exprimer ministro Saad Hariri apoya igual de abiertamente a los rebeldes.

En este peligroso cóctel, grupos armados yihadistas como el Frente al-Nosra e incluso el Estado Islámico (Daesh por sus siglas en árabe) amenazan con castigar la implicación de las milicias de Hizbullah en la guerra siria llevándola de vuelta a Líbano. Los recurrentes atentados contra objetivos chiíes en Líbano han encendido todas las alarmas.

Líbano sigue sin presidente desde el final del mandato de Michel Suleiman en mayo de 2014 y el Parlamento ha prorrogado sus trabajos hasta 2017 ante la imposibilidad de los grupos políticos de alcanzar un acuerdo de mínimos.

Cerrar la frontera

El ministro de Asuntos Sociales, Rachid Derbas, ha sido claro al respecto: el objetivo es impedir a los sirios que se refugien en Líbano. Y en octubre Derbas adelantó que Líbano no acogerá más refugiados sirios salvo «casos excepcionales y por razones humanitarias».

Jalil Jebara, consejero del ministro de Interior, buscó el matiz al prometer que «respetaremos las obligaciones internacionales y no expulsaremos a nadie». Pero insistió en que «es hora de regular la entrada de sirios».

Contrariamente a Jordania y Turquía, Líbano no ha creado campos y los refugiados están diseminados por todo el país.

No faltan expertos que acusan al gobierno de mala gestión del problema y de intentar ahora satisfacer a los electores libaneses hartos de refugiados. Lo que sí es cierto es que ese flujo ha supuesto el desplome de los salarios de los libaneses y ha forzado un incremento exponencial de los alquileres.

Todo ello sin olvidar la hipocresía de unas potencias occidentales que alentaron la ebelión y ahora se niegan a gestionar sus consecuencias.