José Antúnez Becerra, preso en Brians II (Barcelona), cumplió ayer 53 días en huelga de hambre para denunciar el «trato vengativo» por parte de las instituciones penitenciarias y exigir su puesta en libertad. Ayer, familiares, amigos y abogados ofrecieron una rueda de prensa sobre su caso.

«Está muy lúcido y decidido a llegar hasta donde tenga llegar», manifestó Conchi Barandina, familiar del preso, quien hace cinco días inició también una huelga de sed. «Esta vez no lo dejará si situación no se regula», remarcó. Explicó que Antúnez ha perdido ya más de 20 kilos e incidió en que lo que sufre su familiar «no es más que una venganza».

Junto a Barandina comparecieron el director del Observatorio Penal y de los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, Iñaki Rivera, el portavoz de la Plataforma por la Libertad de José Antúnez Becerra, Gorka Ramos, y la abogada y portavoz de la Coordinadoora per la Prevenció y Denúncia de la Tortura, Lluïsa Domingo.

Rivera detalló la situación legal de Antúnez Becerra, que en la actualidad cumple una serie de condenas que suman casi 30 años de cárcel, y que se suman a los casi 40 años que ha pasado en centros penitenciarios a lo largo de su vida. Tiene en la actualidad 58 años. Un caso que no dudó en definir de «cadena perpetua encubierta». Rivera recordó que aunque Antúnez Becerra sigue esperando la resolución de su solicitud para limitar a 20 años la condena efectiva, «en la actualidad está ya en condiciones de beneficiarse de beneficios penitenciarios». Denunció que Instituciones Penitenciarias de la Generalitat ha denegado todas las solicitudes.

En una conversación telefónica difundida recientemente, Antúnez Becerra aseguró que sigue preso «porque unos políticos y unos jueces quisieron dar un escarmiento y me usaron a mi como base». Calificó su internamiento en Brians II de «sufrimiento insportable».