La educación es, junto a la sanidad y los servicios sociales, uno de los pilares del Estado del bienestar. También es, precisamente, uno de los campos con el que más se están cebando los recortes del Gobierno español, que aprovecha la embestida económica para recentralizar aspectos manejados hasta ahora por las comunidades autonómicas. Tanto los recortes como las reformas centralizadoras componen el listado de agravios que la comunidad estudiantil esgrime para defender la convocatoria de huelga.

Por un lado, los estudiantes denuncian la reducción de profesorado, tanto en las universidades –profesores asociados– como en la educación secundaria –interinos–; es el efecto más visible de unos recortes que tienen como primera consecuencia el aumento de la ratio de alumnos por clase. Eso pese a que el objetivo del Plan Boloña era reducir dichas ratios para hacer viable la evaluación continua.

Pero los recortes también han afectado directamente a los alumnos en forma de una disminución de las becas del Estado, que en los dos últimos años han bajado un 14,6%. A estos recortes hay que sumarles el aumento de las tasas universitarias, que en lugares como Catalunya han ascendido hasta un 66% de un año a otro. Más de lo mismo con los másteres, títulos casi indispensables en muchos campos, sobre todo después de la devaluación de la carrera universitaria que han supuesto los grados del Plan Boloña. Esta conjunción de la disminución de las becas y el aumento de las tasas comporta, según denuncian los estudiantes, una elitización de la educación universitaria, apta solo para quien se la pueda pagar.

La segunda vertiente de la falta de presupuesto universitario es la entrada de capital privado en la universidad pública, convenientemente impulsada por el Gobierno del PP a través de la Estrategia 2015 –ya en marcha con los socialistas en la Moncloa–. Esta iniciativa otorga mayores poderes de órganos como el Consejo Social de cada universidad, en el que están presentes los financiadores privados.

Pero por otro lado, la crisis económica le está sirviendo al Gobierno del PP, bajo el eterno argumento de la eficiencia, para recentralizar las competencias de Educación e imponer su modelo de Estado y sociedad. La reducción de las partidas destinadas a impartir materias en lenguas minoritarias, así como el cambio en la asignatura Educación para la Ciudadanía, son buena muestra de ello.

El último ejemplo es todavía más reciente. A finales del pasado mes de setiembre, el propio ministro de Educación, Enrique Wert, se encargó de presentar la reforma de la Ley Órganica de Educación, mediante la cual el Gobierno español pasará a regular el 64% de los contenidos educativos en las comunidades con lenguas cooficiales; porcentaje que se eleva hasta el 75% en el resto de comunidades.