El tribunal de la Sección Segunda señala que es al juez instructor a quien corresponde aplicar la anterior doctrina, que rechaza juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular –en este caso Manos Limpias– y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Hasta el momento, ni Ministerio Público ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

La Audiencia puntualiza que existe «un matiz o aspecto a considerar» en este caso, y es que no sólo pesan delitos fiscales sobre ella, sino también sobre otros imputados como su marido, Iñaki Urdangarin.

Pese a no mencionar de forma expresa el nombre de esta doctrina, la Sala sí hace referencia a la sentencia que en 2007 dejó sentada su aplicación. La dictó el Tribunal Supremo que, en su resolución, limitaba la acción de las acusaciones populares al aseverar que «no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular».

Los abogados de la imputada han expresado su «sorpresa» ante el hecho de que la Audiencia de Palma mantenga su imputación por fraude fiscal, pero han mostrado su esperanza de que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) impida que sea juzgada si solo la acusación popular mantiene cargos contra ella.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho en Barcelona, los abogados Miquel Roca y Jesús Silva han asegurado que no existe «fundamento» para mantener imputada a la infanta por fraude fiscal, pero han celebrado que la Audiencia haya estimado su tesis para exonerarla del delito de blanqueo de capitales, el más grave del que se le acusaba.

«Si las acusaciones del Ministerio Fiscal, titular de la acción pública y la defensa de la legalidad, y la Abogacía del Estado, titular del interés de la Hacienda Pública en nombre de la Agencia Tributaria, mantienen la coherencia con lo que han mantenido hasta ahora en el procedimiento, pues lo lógico sería que no acusaran por esta participación en delito fiscal», ha agregado Silva.

Tirón de orejas a la Fiscalía

En su auto, la Audiencia de Palma ha dado un tirón de orejas a la Fiscalía Anticorrupción por recurrir la decisión del juez Castro de mantener imputada Cristina de Borbón, y ha subrayado que la actitud más «coherente» hubiera sido «limitarse» a anunciar que no tenía intención de acusarla.

De hecho, afirma que la legitimación a la hora de impugnar el auto de Castro «correspondía en exclusiva» a la defensa y, en tal caso, el fiscal «podría haberse adherido a su recurso».

«El papel que le otorga la ley consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo, solicitando en tal caso el sobreseimiento que corresponda», indica la Sala al Ministerio Fiscal.