El Ejecutivo de Lakua, a través de un comunicado, se ha referido a la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha fijado como criterio general que las condenas cumplidas en otros estados de la UE no deben ser restadas a las impuestas en el Estado español, lo que contradice la normativa europea.

El Gobierno de Lakua ha destacado que las decisiones marco de la Unión Europea, entre las que se encuentra el mencionado criterio de descontar las condenas cumplidas en otros países, «tienen por objeto la reinserción social de las personas presas».

El gabinete de Iñigo Urkullu ha afirmado que «llama la atención» la actitud «resistente» del Gobierno español frente a este objetivo. El Ejecutivo de Lakua ha denunciado que las reformas de la Administración de Madrid «persiguen precisamente lo contrario», ya que pretenden «poner obstáculos y dificultades a dicho proceso de reinserción de las personas privadas de libertad».

Además, ha advertido de que con la decisión del Tribunal Supremo «se escribe la crónica de una decisión judicial que muy probablemente será recurrida ante las instancias judiciales europeas».

El Gobierno vasco ha advertido de que, al igual que ocurrió con la derogada ‘doctrina Parot’, que fue anulada por el Tribunal de Estrasburgo, esta nueva decisión judicial «será probablemente rectificada».

PNV: «Un paso atrás»

El PNV, por su parte, ha opinado que la decisión del TS «constituye un significativo paso atrás» que «ha podido estar condicionado por la presión política ejercida desde el Gobierno español».

En un comunicado, la formación jeltzale ha opinado que con esa decisión, la Justicia española se enfrenta «una vez más a la posibilidad de ser reconvenida» por los órganos judiciales de la Unión Europea, cuyas decisiones una vez más han sido desatendidas por el Supremo, al igual que ocurrió con la corrección de la doctrina 197/2006.