La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Araba ha desestimado ha desestimado todos los recursos presentados por 23 de los imputados en un auto de 38 páginas que ha sido notificado este miércoles a las partes.

Según fuentes judiciales citadas por Efe, esta decisión «hace irremisible que haya juicio oral» y que ahora se abre el plazo para que las acusaciones presenten sus escritos, para que después se dicte la apertura de juicio.

El pasado 10 de marzo el juez Roberto Ramos finalizó la instrucción de este caso con la imputación de 26 personas, entre ellas nueve exdirigentes del PNV, además de varios familiares y otros afines a esta formación.

En un auto de 180 folios ponía el punto final a una instrucción que duró casi cinco años y que concluía que existían indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Araba y diputado foral de Administración Local Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Araba estimó que los hechos investigados era presuntamente constitutivos de once delitos, de los que acusaba a los 26 imputados.

Los delitos que el juez consideraba que podrían haberse cometido eran los de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

Entre los acusados, además de De Miguel, están Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Araba; así como dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan).

Contra ese auto, un total de 15 acusados presentaron recursos de reforma ante el propio juzgado instructor, que los desestimó el pasado abril.

Otros, como el principal acusado, Alfredo de Miguel, decidieron recurrir directamente en apelación a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ahora los ha desestimado íntegramente.

El auto hecho público este miércoles rechaza todos los motivos alegados por los recurrentes como que hubo indefensión al no determinarse en el escrito que puso fin a la instrucción qué delito supuestamente cometió cada imputado, algo que la Audiencia alavesa recuerda que se concreta en los escritos de conclusión provisional y que también conocimiento cuando fueron a declarar como imputados.

Argumentos

El tribunal niega asimismo que haya existido falta de motivación en el auto que concluyó la instrucción y señala que en él se recoge una «minuciosa lista de indicios y de diligencias de investigación en las que se fundamentan tales indicios».

La Audiencia alavesa recuerda que el auto del juez Ramos incluso «aporta anexos aclaratorios y esquemas de actuación entre las diferentes personas» para fundamentar su decisión de continuar con el proceso que «excede con mucho» la exigencia legal de motivación al instructor.

Añade el tribunal que este caso se abrió con «indicios objetivos», rechaza que se tratara de una investigación «prospectiva» carente de esos indicios y también que se haya dado una presunta «extralimitación de la policía en la investigación».

La Audiencia asegura que tampoco se sustenta, como algunos recurrentes dicen, que el magistrado instructor haya «calcado o copiado» el informe de la comisión parlamentaria que investigó este caso y respalda el trabajo hecho por el juez Ramos, que fundamentó su escrito en las «diligencias que obran en los 84 tomos de procedimiento efectuado con todas las garantías».