El pasado de Deustuibarra y Zorrotzaurre tiene un vestigio menos tras la demolición del edificio de Ribera de Zorrotzaurre número 10. Los primeros en alertar de lo que consideran supone «destruir la memoria e identidad» del barrio son los propios vecinos, que han criticado el móvil especulativo, al igual que EH Bildu.

La edificación era en su origen, apuntan desde la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), la antigua vivienda de los propietarios de Maderas Lantero que luego adquirió Cromoduro para sus laboratorios y que en los últimos años fue utilizada como vivienda.

Denuncias permanentes

La edificación, al igual que las cercanas oficinas de la empresa, se había librado de la piqueta del Plan de Ruinas Industriales que acabó con el resto de las naves de la fábrica, por el «valor arquitectónico e histórico» de ambos inmuebles, así como por hallarse situados frente a la Ría. Sin embargo, lamentaron desde la asociación, «había quedado abandonada y desprotegida por parte de los propietarios y de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre, así como por el Ayuntamiento, lo que propició que el vandalismo le causara daños de cierta importancia, lo cual, además de suponer una pérdida indudable de sus valores de autenticidad obligaría, sin duda, a una intervención de mayor calado para su recuperación».

Las denuncias permanentes por parte tanto del vecindario como de la AVPIOP, no encontraron eco, ni en este ni en algunos otros de los edificios de Deustuibarra destinados a ser preservados en el planeamiento de Zorrotzaurre. El abandono dejó el inmueble en un estado ruinoso, excusa aprovechada por la Comisión Gestora para demolerlo.

Emplazamiento al alcalde

Para el arquitecto Iñaki Uriarte, lo sucedido con este edificio es un «acto de terrorismo cultural», lo que le va a llevar a presentar una denuncia por lo que considera es «un delito contra el patrimonio». Además, este profesional empeñado en la protección de la memoria arquitectónica solicita al alcalde, Juan Mari Aburto, que se posicione al respecto, añadiendo que en caso contrario «estaría encubriendo» y lo califica de «cómplice» junto al concejal delegado de Urbanismo, Obras y Servicios, el también jeltzale Asier Abaunza.

A Abaunza le acusa de prevaricar por su «inhibición» en la protección de la edificación singular. Uriarte señala como corresponsables del abandono y del derribo a Aburto, como presidente de la Comisión Gestora de Zorrotzaurre, así como a su gerente, Juan Carlos Sinde, y a su vicepresidente segundo, Gabriel Salaverry, administrador único de la inmobiliaria Margen Derecha, con grandes intereses en la isla.

El arquitecto señala que este edifcio y uno similar en el número 45 de la Ribera de Zorrotzaurre estaban catalogados en el vigente Plan General de Bilbo como de Conservación Básica. Nivel D y en el nuevo PGOU en trámite como de Protección Básica. Nivel D1. «Si una arquitectura se cataloga es porque tiene interés, lo que supone la obligación de mantenimiento protección. Es lamentable –ha manifestado Iñaki Uriarte– que el Colegio de Arquitectos hace ya demasiados años que se ha inhibido de de esta continua hecatombe cultural, su actitud actual es no molestar, defender posturas gremiales o intereses personales».