La jueza argentina María Servini, que investiga los crímenes de la dictadura franquista, ha citado a declarar este jueves al exministro Rodolfo Martín Villa por vía telemática en la Embajada argentina en Madrid. La toma de declaración se producirá entre el despacho de la magistrada en Buenos Aires y el consulado de Argentina en Madrid, adonde el exmandatario franquista debe acudir a las 16.00, hora en Euskal Herria.

Hace más de una década que el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, a cargo de Servini, gestiona varias denuncias sobre los delitos cometidos durante el franquismo y la denominada «transición». En ese expediente figuran más de una quincena de exministros y funcionarios policiales. En 2014, la jueza sumó a Martín Villa. Desde entonces, el exministro ha sorteado varios intentos de interrogación e incluso una orden de detención internacional con fines de extradición.

La orden de detención quedó dictada en octubre de ese mismo año y el entonces ministro español de Justicia, Rafael Catalá, denegó la entrega a Argentina de los 19 responsables franquistas reclamados por la jueza federal, escudándose en en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.

Como respuesta a la negativa de extradición, Servini cursó en 2016 una primera comisión rogatoria para tomar declaración indagatoria a Martín Villa en los tribunales españoles por un supuesto delito de lesa humanidad en el marco de una causa de «torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, cometidos en el Estado español en el periodo comprendido entre el 15 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazó la solicitud argumentando que en que los delitos de lesa humanidad por los que se solicita no se pueden perseguir en Estado español si han sido cometidos con anterioridad a octubre de 2004, puesto que fue en esa fecha cuando entró en vigor la Ley Orgánica que regulaba dichos delitos.

En segundo lugar, el magistrado alegó que la solicitud de auxilio judicial colisiona también con la Ley de Amnistía de 1977, pese a que el propio Martín Villa nunca pidió ampararse en estos supuestos y aunque la ONU asegure que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

La jueza Servini volvió a reclamar en 2019 a Martín Villa después de verse con la eurodiputada Ana Miranda (BNG). El intento fue suspendido por razón de la inminente celebración de las elecciones argentinas en octubre de ese año, debido a que la jueza Servini es la máxima autoridad judicial en materia electoral en aquel país.

El último intento de la jueza de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar al Estado español el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.

La decisión de la fiscal general del Estado español, María Dolores Delgado, de suspender una orden que añadía trabas a la causa argentina sobre crímenes franquistas puede tener trascendencia de cara a la última citación realizada en este asunto por Servini.

Efecto dominó

Tras este tortuoso sendero judicial, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA) ha expresado su «deseo de que finalmente el acto procesal pueda celebrarse» este jueves, 3 de setiembre, en el que esperan que «Martín Villa, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones, cumpla con su obligación y se persone en la fecha indicada para prestar declaración indagatoria pues una vez que se produzca la jueza María Servini podrá resolver si procede su procesamiento».

En más de una ocasión, Martín Villa se ha mostrado dispuesto a declarar y ha asegurado tener «la conciencia tranquila», tal y como explicó en 2017 a Eva Barroso y Jose Luis Martinez Ocio, familiares de los obreros muertos a balazos el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz

La coordinadora estatal ha recordado que con la toma de declaración de Martín Villa «se dará el primer paso para poner fin a la impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo».

Hasta ahora, las instituciones del Estado no han juzgado ni condenado las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, incumplimiento las obligaciones internacionales contraídas. #RompamosLaImpunidad #ExigeJusticia https://t.co/uPr33HBRNi

— CeAQUA (@Ce_AQUA) August 31, 2020

Una vez sea interrogado Martín Villa, la jueza podrá sobreseerlo, procesarlo o pedir más medidas pero en todo caso los familiares esperan que la declaración pueda llegar a provocar un efecto dominó respecto a otros imputados.

De esta manera, la CeAQUA recuerda que «ni una sola de las personas que sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha sido juzgado».

3 de marzo y sanfermines del 78

Entre otros delitos, se le adjudica la matanza de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, año en el que una huelga general paralizaba la capital alavesa y varios miles de trabajadores se dieron cita en la parroquia del barrio de Zaramaga.

La Policía Armada lanzó gases lacrimógenos y botes de humo en el interior de la iglesia y cuando los obreros intentaron salir al exterior, fueron abatidos. El balance fue de cinco muertos y más de un centenar de heridos. Los fallecidos: Romualdo Barroso, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, José Castillo y Bienvenido Pereda.

El 8 de marzo en Basauri y en una manifestación de protesta por los sucesos de Gasteiz, la policía acaba con la vida a Vicente Antón Ferrero, de 18 años. El día 5, en Tarragona y en una manifestación tras la masacre de la capital alavesa moría, tras caer o ser arrojado de un tejado cuando le perseguía la policía, el obrero Juan Gabriel Rodrigo Knafo, según relata el historiador Iñaki Egaña.

Poco después, en julio de 1976, sucedió a Fraga en el Ministerio de Gobernación, puesto que ocupaba cuando la II Semana pro amnistía en Euskal Herria, en mayo de 1977, se saldó con siete personas muertas por la actuación de la policía.

En 2019, por primera vez se incorpora en la causa una querella que da cuenta de la represión policial que tuvo lugar durante los sanfermines de 1978 en la plaza de toros de Iruñea, donde había 20.000 personas y fue abatido Germán Rodríguez, militante comunista del LKI, sección vasca de la LCR. Joseba Barandiaran moría días después en Donostia en una protesta tras los sucesos de Iruñea.

«Disparar con todas vuestras energías. No os importe matar», dijo aquel 8 de julio por la emisora de la Policía un oficial desplazado a Iruñea. A pesar de que esta acción policial fue presenciada por miles y miles de personas, Martín Villa afirmó en relación a aquellos hechos que «lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes».

Su imputación viene dada asimismo por el papel relevante que como ministro tuvo en las muertes provocadas por la Policía bajo su mandato en el caso Scala de Barcelona, en la semana negra madrileña y más habidos en Málaga, Tenerife y Alacant, entre otros.

Tras su paso por diferentes cargos como jefe nacional del SEU (Sindicato Español Universitario), secretario general del Sindicato Vertical, procurador en las Cortes franquistas, gobernador civil de Barcelona, Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales y del Interior, periodo en el que hubo más de 90 muertos a manos de las fuerzas del orden público y grupos de ultraderecha. El leonés que actualmente tiene 85 años fue más adelante presidente de Endesa y Sogecable, consejero del Sareb y consejero también de Técnicas Reunidas (IBEX 35).