Más allá de titulares periodísticos, y con permiso del rigor científico, según el cual no se puede hablar de una tercera ola, pues la incidencia del covid no ha bajado del umbral epidémico lo suficiente como para dar por cerrada la segunda, lo cierto es que después de la terrible onda de primavera, la CAV ha asistido  a tres oleadas consecutivas en verano, en otoño y en invierno. No así el resto de Euskal Herria –aunque Tutera tuvo una afección muy alta en agosto–, ni la mayoría de Europa, donde la situación empezó a recrudecerse al acabar el periodo estival.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el importante repunte de estas últimas semanas es el tercero en seis meses, en los que, como se puede apreciar en el gráfico, se ha vivido un sube y baja constante, y no se ha llegado a asentar una situación epidemiológica clara. Y aunque los motivos que han provocado esta especie de tobogán pandémico seguramente son diversos, en los tres casos ha habido situaciones y se han tomado decisiones que han podido condicionar, para mal, la evolución de los contagios.

En la CAV se empezó a hablar de segunda ola muy pronto. Fue Nekane Murga quien utilizó esa expresión. «Los datos muestran sin duda que nos enfrentamos a una segunda ola epidémica de coronavirus», dijo el 6 de agosto. Lo cierto es que para entonces la afección del virus llevaba un mes creciendo. Como se ve en el cuadro, el 6 de julio la incidencia acumulada en catorce días era de seis casos por cien mil habitantes, y cuando la entonces consejera de Salud lanzó el aviso ya rondaba el centenar.  ¿Qué ocurrió entre medias? Entre otras cosas, unas elecciones.

Cuando se produjeron los comicios, los casos ya estaban al alza. Ese 6 de julio en el que comienza el recuento del informe de Osakidetza, en estas páginas informábamos de la aparición de un foco en una zona hostelera de Ordizia. Pero en plena campaña, el mensaje institucional pretendía ser tranquilizador.

De hecho, en el único debate televisado con todos los candidatos y candidatas a lehendakari, Iñigo Urkullu quitó hierro a lo que pasaba en Ordizia y llegó a mentir, o a equivocarse, en el número de personas afectadas.

Aquel brote cogió fuerza y se extendió a otras localidades, pero el lema era claro: todo estaba controlado. También los comicios. «Si es seguro ir al monte o ir a la playa, tanto o más seguro es ir a votar», declaró el jeltzale, algo que repitieron cada día sus compañeros de partido. Y es curioso, pero aquel mensaje cuajó.

Nadie ha puesto en duda la versión oficial de que los comicios no sirvieron para propagar el virus, cuando lo cierto es que el incremento de casos, leve a primeros de julio, empezó a crecer de forma más acusada a partir de la tercera semana de ese mes, unos días después de las elecciones. No se puede establecer una relación causa-efecto, porque no hay datos para ello, pero tampoco para sostener lo contrario, y lo cierto es que la CAV vivió una ola veraniega que no se produjo en otros puntos de su entorno. No tan intensa. Tres días después de acudir a las urnas, la mascarilla empezó a ser obligatoria. Y Murga recuperó su habitual estilo regañón.

Para entonces, sin embargo, la situación había escapado al control, y la incidencia siguió creciendo hasta rozar los 400 casos a finales de agosto y primeros de setiembre. Luego, volvió a bajar, ayudado por una meteorología benigna que permitía hacer vida en la calle y huir de espacios cerrados, pero las consecuencias se hicieron notar hasta bastante después.

De hecho, aquella ola dejó unos doscientos fallecimientos, muchos de los cuales se produjeron en las residencias. El 23 de setiembre ya habían muerto 85 usuarios de los centros de mayores de Hego Euskal Herria, la gran mayoría, 79, en la CAV.

Con la situación en franca mejoría en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el inicio del curso fue sin embargo muy duro en Nafarroa, donde la incidencia empezó a subir a primeros de setiembre y no paró hasta dos meses después, cuando alcanzó el pico, con 1.132 casos, el 1 de noviembre. Dos medidas fueron determinantes para que los contagios comenzaran a bajar: el cierre de los bares (el 20 de octubre) y la prohibición de ir al domicilio de personas no convivientes (el 26).

Lo que ocurría en Nafarroa podía haber puesto en guardia a Lakua, que dispuso de varias semanas de margen antes de que la situación empezara a empeorar. Porque, tras la caída que siguió a la ola de verano, la afección tocó suelo en la CAV el 5 de octubre, con 247 casos por cien mil habitantes, cuando la incidencia navarra era de 659 casos.

Para entonces, el Ejecutivo de Iruñea había confinado varias localidades –Azkoien, Faltzes, Funes– y la alarma era evidente. Sin embargo, el Gabinete de Urkullu volvió a pecar de falta de reflejos, pues no adoptó ninguna restricción hasta que los contagios volvieron a dispararse.

Y en ese periodo, hubo dos momentos que podían haber marcado la diferencia. Uno de ellos se produjo en esa segunda semana de octubre en la que la incidencia dejó de caer. En aquellos días hubo un aumento rápido pero muy localizado de casos de covid, sobre todo en Gipuzkoa, con Azpeitia y Azkoitia como ejemplos más recordados.

En muy pocos días ambos municipios multiplicaron los contagios y, por ejemplo, Azkoitia pasó de tener una incidencia de 283 el 5 de octubre a 700 el día 7. En otras localidades de menor población la afección era igualmente alta, pero no eran muchos y la mayoría estaba en las mismas zonas geográficas. Podían haberse decretado medidas específicas para esas poblaciones, en horarios, y hostelería, e incluso se podía haber adoptado confinamientos municipales o comarcales para atajar la expansión del virus. No se hizo.

La primera medida concreta fue hacer cribados, pero para cuando se llevaron a cabo Azkoitia y Azpeitia ya estaban disparados. Durante la semana siguiente se pusieron en rojo otras localidades como Beasain, Ordizia, Tolosa y Zumarraga. Gipuzkoa entró en zona roja el 20 de octubre y no la abandonó hasta el 3 de diciembre. El virus volvía a circular sin control.

Ese 20 de octubre en el que Gipuzkoa superó los 500 casos de incidencia, Nafarroa se confinó perimetralmente y cerró la hostelería. Sin embargo, Lakua se lo tomó con más calma. El día 18 había decidido limitar aforos al 50% y adelantar el cierre de la hostelería... a la medianoche. El día 22 fijó el cierre a las 21.00 horas, pero solo en los municipios en zona roja. Una medida que pronto se vio insuficiente.

Cuando el 25 de octubre el Gobierno español decretó el estado de alarma y el toque de queda, tanto Lakua como Iruñea aprovecharon para adoptar nuevas medidas, sobre todo respecto a la movilidad. En Nafarroa, las reuniones privadas quedaron restringidas a la unidad convivencial, mientras que en la CAV, además de limitar los grupos a seis personas –el TSJPV había tumbado esa misma decisión días antes–, se cerró la entrada y salida desde otros puntos del Estado, y se confinaron perimetralmente los municipios. Por contra, y este fue otro momento que pudo ser determinante, el Gabinete de Urkullu no actuó sobre la hostelería, como había hecho el de Chivite.

La estrategia navarra no tardó en mostrarse eficaz. El 31 de octubre la incidencia acumulada dejó de crecer y emprendió un descenso acelerado que le llevó a pasar de 1.132 casos a 177 en cinco semanas. Un 85% menos.

Finalmente, fue el 5 de noviembre cuando el Ejecutivo de Gasteiz decidió cerrar la hostelería, además de adelantar el toque de queda a las 22.00 horas. Ese día se habían notificado mil quinientos nuevos contagios en la CAV, con una tasa de positividad del 10%. Para cuando la medida entró en vigor, Gipuzkoa ya tenía una incidencia acumulada superior a la de Nafarroa.

La incidencia en la CAV tocó techo el 12 de noviembre, con 849 casos por cien mil habitantes en catorce días, y al igual que ocurrió en Nafarroa, la mejoría fue bastante rápida, sobre todo en Bizkaia y en Gipuzkoa, mientras que Araba, donde la afección no había sido tan alta –se quedó en 551–, mostró altibajos.

De hecho, Araba acabó siendo el herrialde con mayor incidencia. Eso ocurrió el 11 de diciembre, unas fechas en la que se produjo otro hecho difícilmente explicable desde el punto de vista de la respuesta a una pandemia. Ese día se constató un estancamiento en la mejora que se había apreciado durante las semanas anteriores, con subidas en la incidencia de Araba y Nafarroa, y datos prácticamente planos en Bizkaia y en Gipuzkoa. Un cambio de tendencia preocupante que se producía con una incidencia de 177 casos en Nafarroa, pero con 272 en Bizkaia, 353 en Gipuzkoa y 370 en Araba. Eran cifras todavía muy altas.

Pese a ello, al día siguiente, el 12 de diciembre, sábado, volvieron a abrirse los bares y restaurantes en la CAV. El mensaje que se trasladaba con esa reapertura de la hostelería –un sector al límite tras un mes cerrado, pero que demandaba sobre todo ayudas suficientes para poder enjugar las pérdidas– contrastaba con las declaraciones de prudencia desde la administración.

Además, faltaban menos de dos semanas para navidades, unos festejos que están en el origen de esta última oleada, según ha señalado la propia OMS esta pasada semana. En este caso, la operación «salvar la Navidad», que acarreó un relajamiento de las restricciones, no se le puede reprochar en exclusiva a Lakua, pues fue una decisión que se tomó al alimón en el conjunto del Estado. Pero sí es cierto que en el caso de Urkullu se produjo cuando aún no se había alcanzado el objetivo –llegar a 300 casos de incidencia, para bajar luego a 60– que él mismo había fijado, a modo de reto a la ciudadanía, en una entrevista.

De aquellos polvos han surgido estos lodos, y nos hallamos inmersos en una nueva acometida del virus, la tercera después de aquel tsunami de primavera.

En este caso, además, llega acompañada de una fuerte polémica política  a causa de las irregularidades detectadas en el proceso de vacunación, cuyo alcance aún se desconoce, pero que han puesto en un aprieto a la consejera, que no es Nekane Murga sino Gotzone Sagardui. Una fuerte marejada que puede acabar de erosionar a un Gobierno cuya credibilidad lleva meses siendo zarandeada por las olas.