Los familiares de Mikel Karrera y de Arkaitz Agirregabiria han puesto voz al perjuicio que la última decisión adoptada por el Gobierno galo en relación a la muga causa a los allegados de los vascos que cumplen pena en prisiones francesas.

Y es que desde el 29 de enero, y a excepción de los trabajadores transfronterizos o residentes a menos de 30 kilómetros de la muga, el resto de ciudadanos procedentes del sur del Bidasoa deben presentar una prueba PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes para poder pasar la muga.

Eli Iturria, pareja de Mikel Karrera, tuvo ocasión de comprobar recientemente que esa exigencia no escapa a los familiares de presos. Relata a Kazeta.eus que pudo salvar la visita porque al tener síntomas de resfriado prefirió hacerse el test anti-covid antes de emprender viaje. Afortunadamente para ella, porque al llegar al paso de Behobia la Policía francesa le pidió el justificante de la prueba.

Se muestra enfadada. «No tenemos por qué correr con el gasto de ese test», se queja, recordando que en Hego Euskal Herria si no se tienen síntomas hay que recurrir al testado en un centro privado, lo que acarrea un desembolso de entre 90 y 120 euros. En el caso de las visitas a presos, hablamos de un gasto prácticamente semanal.

«Tenemos derecho a visitar a nuestros familiares, y nuestro viaje no responde a un desplazamiento vacacional. Si nos piden que hagamos la prueba, de acuerdo, pero no tenemos por qué pagarla», remarca Iturria.

El caso de Zaloa Diaz de Lezana, pareja de Arkaitz Agirregabiria, es ilustrativo de ese perjuicio que se acumula a los gastos del viaje.

El 9 de febrero debía visitar a su pareja, que como Mikel Karrera cumple pena en la cárcel de Lannemezan (Landas).

Tuvo un problema con el coche así que pensó en pedir a un amigo que le llevara, lo que implicaba ya no un test, sino dos, y por lo tanto un desembolso de no menos de 200 euros. «Consulté con Arkaitz y decidimos no hacer la visita porque era un gasto extra que añadir al gasto del viaje», detalla.

Sin ver a hijos menores

La crisis sanitaria ha tenido, de por sí, un fuerte efecto sobre las relaciones familiares de los presos vascos.

Como por razón de la pandemia se suspendieron las visitas de menores, Arkaitz Agirregabiria debió esperar más de un mes para conocer a su segundo hijo. Su hija, de dos años de edad, lleva ahora tres meses sin ver a su padre.

«Cada vez que me ve preparar la bolsa me pregunta si vamos a ver a aita, todo esto se le está haciendo largo», relata Zaloa Diaz de Lezana al medio digital de Ipar Euskal Herria.

«Mi hija lleva tres meses y medio sin ver a su padre, tiene siete años y se da cuenta de todo, me pregunta que por qué ella no va, se enfada y, como las medidas se van acumulando y pasa el tiempo, eso hace mella en el estado de ánimo. Antes teníamos ese chute que fuerza que sentíamos cada tres semanas con la visita familiar», resume, por su parte, Eli Iturria.