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Críticas a Lakua por defender la actividad industrial y saludar la llegada de VGP a Sestao

La adjudicación de los terrenos de La Naval a VGP han dado pie a un debate tenso debate político. Lakua afirma que trabajará para impusar un proyecto industrial, aunque dice que «hay que respetar» el proyecto del grupo belga. EH Bildu considera estas palabras «un puro y duro alarde de hipocresía»

Gruas de La Naval. (Marisol RAMÍREZ/FOKU)
Gruas de La Naval. (Marisol RAMÍREZ/FOKU)

El Gobierno autonómico y algunos grupos que presentaron ofertas para hacerse con el terreno, la maquinaria y los pabellones de La Naval quieren proponer a la compañía belga de logística VGP, adjudicataria de los terrenos, destinar la mitad de la superficie a una actividad naval.

Así lo ha indicado este jueves la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, quien ha reiterado su deseo de impulsar una actividad industrial relacionada con el mar, ya sea la construcción de barcos o con otro tipo de proyectos como el desarrollo de infraestructuras de offshore, aerogeneradores en el mar.

«Si existe la posibilidad la respaldaremos porque era nuestra primera opción y sigue siendo nuestra primera opción», ha manifestado tras recordar que el Ayuntamiento de Sestao en su planeamiento urbanístico establece que la mitad de este suelo debe ser de uso industrial y que el grupo belga lo sabe.

No obstante, Tapia ha manifestado que «como administración tenemos que dar la bienvenida a quien quiera generar riqueza y empleo en Euskadi y tenemos que colaborar con ellos». Una opinión compartida por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien ha destacado que «hay que respetar» el proyecto de VPG.

«Ellos han ganado y a ver lo que hacen. Creo que, si llegamos a un acuerdo a través del diálogo y hay un pequeño equilibrio entre lo que van a hacer ellos y lo que queremos nosotros, mucho mejor», ha señalado en una entrevista concddida a Bizkaia Irratia.

«Alarde de hipocresía»

Los grupos de la oposición han criticado la actitud del Gabinete de Iñigo Urkullu, que, en opinión del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, son «un puro y duro alarde de hipocresía». Ha recordado que Lakua «tiene encomendada la dirección de la política industrial en este país y, por lo tanto, es el principal responsable, por su omisión y negligencia, de lo que está ocurriendo en La Naval y de la pérdida de esos terrenos para la actividad industrial».

En rueda de prensa, ha idicado que «al revés que otros gobiernos europeos, incluso gobiernos de derechas, primero se negó a rescatar el astillero; luego fue incapaz de encontrar un inversor industrial y también de crear una alianza público-privada para reactivar la actividad naval, y cuando tenía la posibilidad de comprar los terrenos a precio dederribo se negó a intervenir en el proceso concursal».

«Y como epílogo, en el debate de los presupuestos generales del Estado PNV, PSOE y Podemos votaron en contra de la propuesta de EH Bildu de adquirir los terrenos por 10 millones de euros», ha añadido Casanova, quien ha lamentado que es que «La Naval se ha cerrado para siempre, hemos perdido el principal astillero del país y hemos perdido como país, además de cientos de empleos, la capacidad de construir barcos de grandes dimensiones, una pérdida irreparable».

«Ezkerraldea, la que fuera la principal comarca industrial de este país, se desindustrializa a pasos agigantados mientras las instituciones ponen la alfombra roja para reconvertir los suelos industriales y transferirlos al sector logístico», ha criticado.

«Pelotazo urbanístico»

Podemos también ha cargado contra «un pelotazo urbanístico encubierto», y ha acusado al Gobierno autómico de permitir que «se malvendan» esos terrenos «a costa de perder un activo industrial».

En un comunicado, ha incidido en que el proceso de liquidación se ha realizado «con oscurantismo, ocultando la existencia de un centenar de propuestas, entre las cuales algunas continuaban con la actividad naval».

«Esta falta de transparencia es algo impropio de una sociedad democrática, y más cuando afecta a un sector estratégico como es el de la construcción naval por su capacidad tractora, la creación de empleo de calidad y su potencial para tirar de todo un ecosistema de empresas dependientes», ha subrayado.

Para Podemos, se ha actuado «primando los intereses particulares de comprador y acreedores» en lugar de salvaguardar el interés público al adjudicar los terrenos por 36 millones a un grupo que «se dedica a comprar de forma masiva terrenos cuyo valor ha sido devaluado previamente para beneficiarse de la especulación inmobiliaria».