El Gobierno escocés ha publicado, en un proyecto de ley, la pregunta y el momento en el que se celebrará un nuevo referéndum de independencia. El Ejecutivo de Nicola Sturgeon repite la fórmula de 2014: «¿Debería Escocia ser un país independiente?» y dos posibles respuestas, "Sí" o "No".

El objetivo es «dar a la gente de Escocia el derecho a decidir su futuro, una vez que haya pasado la actual crisis sanitaria», apunta el escrito. Es decir, sin concretar demasiado, algo que ha creado dudas entre los independentistas, el referéndum se llevaría a cabo una vez se dé por superada la crisis provocada por el covid-19.

Medios locales se han aventurado a fijar la primera mitad de la próxima legislatura (las elecciones al Parlamento escocés son el 6 de mayo), pero el texto remarca que  «será el próximo Parlamento escocés» el que decida el momento.

El secretario de la Constitución del Gobierno escocés, Michael Russell, ha remarcado que «la principal prioridad seguirá siendo hacer frente a la pandemia y mantener la seguridad del país, pero somos optimistas de que debido a los increíbles esfuerzos de la gente en toda Escocia se avecinan tiempos mejores». Ante ello, ha insistido en que «deberían ser las personas que viven en Escocia las que tengan derecho a decidir cómo nos recuperamos de la pandemia y qué tipo de país deseamos construir después de la crisis».

La publicación llega el día en que una nueva encuesta ha vuelto a dar ventaja al independentismo. El estudio de BMG Research, encargado por el Herald, que en 2014 tomó clara posición por el "No", revela que el 52% de los encuestados votaría por la independencia, mientras que el 48% se mantendría en el Reino Unido.

El anuncio del proyecto de ley se esperaba para finales de esta semana. Sin embargo, el Ejecutivo escocés ha avanzado su publicación, adelantándose a la resolución de la investigación en el Parlamento de Holyrood contra Sturgeon por el «caso Salmond», que publicará mañana la comisión parlamentaria.

El Parlamento escocés ya ha aprobado en los últimos meses dos proyectos de ley que, según entiende el independentismo, sientan las bases para un referéndum sobre la independencia. El primero fue el proyecto de ley de referéndums que se convirtió en ley el 29 de enero de 2020, que establece un marco sobre cómo se llevarán a cabo las futuras votaciones en Escocia. A su vez, el proyecto de ley de elecciones escocesas se aprobó en febrero. El Gobierno caledonio asegura que estos dos proyectos de ley establecen las reglas generales para cualquier referéndum y el derecho al voto que se aplicaría a todos los referéndums celebrados en Escocia.

A pesar de ello, el Ejecutivo de Nicola Sturgeon ha repetido sin descanso que su prioridad es un acuerdo con el Gobierno británico como el que se alcanzó en 2014. La Ley de Escocia de 1998 reserva la unión de Escocia e Inglaterra a Westminster. Esto se ha interpretado en el sentido de que Holyrood no tiene la competencia para convocar un referéndum. Frente a ello, por un lado, una orden de la Sección 30 emitida por Downing Street permite enmendar dicha ley para otorgar explícitamente al Parlamento escocés el poder de celebrar la votación, tal y como hicieron Alex Salmond y David Cameron cuando firmaron el «Acuerdo de Edimburgo» que posibilitó el referéndum de 2014.