A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.

Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.

Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de setiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado «late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa».

«A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio», ha apuntado, destacando que esto «supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias».

Así, ha recalcado que una prestación de servicios «será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste», algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina

La diputada del PSOE Mercé Perea ha manifestado que votar contra el decreto es «ser cómplice de la precariedad, de la pobreza y del esclavismo», y que en esta postura está una «derecha neoliberal que pretende la desregulación salvaje».

«Para que luego digan que luchar y organizarse no sirve para nada», ha argumentado el portavoz laboral de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, recordando el trabajo de los riders durante los últimos años por regularizar su situación, llevando a los tribunales a las plataformas y que ahora se traduce en una nueva ley.

Marta Rosique, de ERC, ha celebrado la regulación, pero también le ha afeado a la vicepresidenta de Trabajo su retraso para abordar reformas en la subcontratación y, preguntándose de si irá «sector por sector», le ha reprochado que la nueva regulación únicamente abarca al sector de reparto, dentro del ámbito de las plataformas digitales.

Menos dinero para la Seguridad Social

Por su parte, Oskar Matute (EH Bildu), ha recordado que la profesión cuyos derechos son regulados no es innovadora –«Se lleva haciendo desde hace siglos»– y se ha preguntado «en qué cabeza cabe que una empresa de reparto tenga cero empleados».

Asimismo, ha señalado que, hasta ahora, al no abonar cotizaciones, las empresas han defraudado, y eso implica menos dinero para el sistema de Seguridad Social y sus pensiones.

«No son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a colectivos desfavorecidos para lucrarse», ha zanjado Josep Pagès, portavoz laboral de Junts.