PNV y PSE impiden que el Parlamento inste a investigar el cártel de las consultoras

PNV y PSE han impedido con su mayoría absoluta que el Parlamento inste al Gobierno de Lakua a realizar una investigación independiente y externa sobre los contratos con el cártel de las consultoras multadas por el CNMC y tampoco demandará a las empresas.

El parlamentario de PP-Cs Luis Gordillo no entiende que si no hay nada que ocultar no se quiera investigar. (Raúl BOGAJO-FOKU)
El parlamentario de PP-Cs Luis Gordillo no entiende que si no hay nada que ocultar no se quiera investigar. (Raúl BOGAJO-FOKU)

El grupo PP-Cs y Elkarrekin Podemos-IU han presentado en el pleno de este jueves un texto acordado en para que el Parlamento pidiera al Gobierno una «investigación independiente y externa» sobre los contratos por los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con un total de 6,3 millones de euros a 22 consultoras y directivos por formar cárteles que manipularon licitaciones públicas durante diez años, muchas de ellas con instituciones vascas. EH Bildu y Vox han votado también a favor.

Sin embargo, PNV y PSE han impuesto su mayoría absoluta para impedirlo. Los partidos que sustentan al Gobierno de Lakua y también a las diputaciones y los principales ayuntamientos, sostienen que el informe de la CNMC no ha encontrado ninguna connivencia de las instituciones con el cártel de las consultoras. Además, han añadido que los organismos propios de control de los contratos no han encontrado tampoco ninguna ilicitud.

PP-Cs por un lado y Elkarrekin Podemos-IU presentaron sendas mociones para pedir investigaciones sobre estas contrataciones. Ambos grupos han llegado a un acuerdo que han presentado hoy a la Cámara, en la que entre otras cosas pedían que el Parlamento expresara su «profunda preocupación» por estas prácticas cartelistas y mostrar su «firme voluntad de esclarecer la posible implicación por acción o por omisión en posibles irregularidades administrativas por parte de las administraciones públicas vascas».

También se ha pedido instar al Gobierno «a realizar una investigación independiente y externa sobre los contratos gestionados por procedimiento negociado por parte de la administración general de la CAE y el resto de entes públicos y sociedades asociadas al mismo desde 2009 hasta 2018». Además se exigía que el Ejecutivo autonómico demandara a las empresas en calidad de «perjudicado».

Según el CNMC, estas empresas se ponían de acuerdo con otras del mismo tipo para repartirse contratos públicos. Ante una licitación de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia, una presentaba la adecuada para ganar y las otras «ofertas de cobertura» para cubrir el expediente.

«Parecen abogados defensores»

Por parte de PP-Cs, Luis Gordillo expuesto sus argumentos, entre los que se encuentran tres casos en los que unas empresas piden cobertura a otras para contratos antes de que el concurso se hiciera público. Ha criticado que los partidos del Gobierno e incluso el lehendakari el pasado 28 de mayo, parezcan actuar más como abogados defensores de estas empresas que como perjudicados.

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha criticado también que ante un caso de extrema gravedad
el Gobierno parece querer barrerlo debajo de la alfombra y escurrir el bulto. Ante la previsión de que la iniciativa iba a ser derrotada, el grupo morado ha solicitado una batería de preguntas y comparecencias.

«No hay acusación a las instituciones»

Por parte de los partidos que apoyan al Gobierno ha intervenido primero la portavoz del PSE, Sonia Pérez, que en la pasada legislatura fue consejera de Turismo, Comercio y Consumo. Ha destacado que en su investigación el CNMC ha pedido decenas de informes a las instituciones, que han sido respondida, y que no ha encontrado ninguna anomalía ni connivencia en el trabajo de la administración. También ha resaltado que los órganos de control o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tampoco detectaron nada ilegal. A su entender, insinuar que ha podido haber responsabilidades institucionales es tanto como acusar de delitos a todos los funcionarios que han intervenido en los 170 casos denunciados. Sonia Pérez ha llegado a hablar de «supuesto cártel».

La jeltzale Itxaso Berrojalbiz ha basado toda su intervención en que la oposición está «especulando con mentiras» y haciendo una «utilización espuria del Parlamento» para tratar de ensuciar la buena gestión que realiza el PNV. Ha asegurado que deslizar cualquier responsabilidad hacia la administración es una «falacia». Como Sonia Pérez, ha destacado ni el CNMC ha acusado de nada a las instituciones y que todos los contratos fueron fiscalizados por «órganos independientes».

«Órganos inhabilitados»

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha mostrado su extrañeza porque ocho días después de que se conociera la multa, el portavoz del Gobierno afirmara en rueda de prensa que solo conocía lo publicado en los medios. A su entender, si se consideraran víctimas de lo ocurrido habrían mostrado más interés, puesto que el informe era perfectamente accesible.

Estarrona ha defendido la necesidad de una investigación independiente y externa, porque entre esas empresas, la administración e incluso los órganos de control hay «mucha puerta giratoria». El parlamentario de EH Bildu considera que los actuales órganos públicos están «inhabilitados» puesto que es evidente que la Oficina de Control Económico del Gobierno no detectó nada durante toda una década, lo que «puede por falta de capacidad o porque la dirige Javier Losa que fue burukide del EBB». Al igual que tampoco vio nada el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que preside José Luis Bilbao.

En cuanto a la Autoridad Vasca de la Competencia, ha denunciado su relación laboral anterior con empresas de las denunciadas, además de su relación con el PNV y el PSE, para el que han pedido el voto o han sido cargos públicos.

Josu Estarrona ha apuntado que en el propio informe del CNMC se habla de prácticas institucionales que pueden no ser ajustadas a la normativa vigente. También ha recordado que las propias empresas alegaron ante el TSJPV la connivencia de la Administración.