La orden de arresto la ha demandado la Fiscalía en el marco de la denominada ‘Operación Desfalco’, en la que ya han detenido a cinco exfuncionarios vinculados al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) acusados de «apropiación de fondos públicos», según ha explicado el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien ha dado la orden «para que se activen todos los mecánicos de rastreo y búsqueda de la Interpol».

Los arrestados, por el momento, son la exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal; el ex viceministro de Agricultura Hugo Flores; el exministro de Hacienda Carlos Cáceres y el exdiputado Calixto Mejía.

Además, la Fiscalía ha dictado también el arresto del los exministros de Obras Públicas Gerson Martínez y Manuel Orlando Quinteros Aguilar, la exministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lina Pohl y el exministro de Agricultura y presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo López.

Delgado ha incidido en que los exfuncionarios están acusados de «apropiación de fondos públicos» y ha avanzado que las detenciones continuarán, así como empezará el proceso de petición de extinción de dominio de los bienes de los acusados.

De acuerdo con Delgado, Sánchez Cerén habría recibido pagos irregulares de fondos estatales por 530.000 dólares al margen de su salario.

Además, según esta versión, la Asamblea Legislativa aprobó al Ejecutivo de Funes 80,8 millones de dólares en fondos para gastos reservados o secretos en sus cinco años de gobierno, pero «al final fueron 351 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda transfirió sin la aprobación de la Asamblea».

«No se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico y en la supuesta reenvindicación de los derechos de los salvadoreños y no dudaron en traicionar al Estado de El Salvador», añadió el fiscal.

Los cinco exfuncionarios capturados hoy se encuentran en las celdas de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador.

Con Sánchez Cerén, son cuatro los últimos presidentes de El Salvador requeridos por la Fiscalía por cargos de corrupción, tras el citado Funes, Elías Antonio Saca y el fallecido Francisco Flores.

El fiscal general ha ahondado en que las investigaciones en el marco de este caso arrancaron en 2019 derivadas del caso conocido como ‘Saqueo Público’, en el que indagaban la supuesta apropiación de dinero en el Gobierno de Funes.

El FMLN denuncia «manipulación»

El FMLN ha condenado las detenciones, mientras su secretario general, Oscar Ortiz, ha acusado al Gobierno de Nayib Bukele de realizar una persecución política.

«Este es un mecanismo autoritario, de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas», ha lamentado, para avanzar que la formación ha formado un equipo jurídico para evaluar las situación derivada de una operación que, a su juicio, «está dirigida a confundir, manipular, ocultar la corrupción masiva de los últimos años».

«Todo lo que estamos viendo ahora tiene en el fondo el propósito de callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador, la persecución política», denunció Ortiz en una conferencia de prensa.

Añadió que «lo que en nuestro país ha comenzado a consolidarse es una violación sistemática a los derechos civiles, políticos y humanos de nuestras familias y nuestras comunidades».

«Los corruptos quieren convertirse en los que puedan dictar las reglas de la transparencia», denunció y añadió que en el país «se está consumando es una dictadura» con el Ejecutivo de Nayib Bukele.

El presidente Bukele y el fiscal

Al respecto de las detenciones, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha destacado, a través de una publicación en su perfil de Twitter, que el expresidente Sánchez Cerén «es oficialmente un prófugo de la justicia».

«Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó», ha añadido al respecto.

El nombramiento del fiscal Delgado, otrora abogado del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y exasesor del Gobierno actual, es cuestionado por diversos sectores por supuestamente no seguir el debido proceso.

La Asamblea Legislativa de amplía mayoría oficialista que asumió el 1 de mayo pasado destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al entonces fiscal general Raúl Melara, decisión cuestionada por la comunidad internacional.