Se reunió ayer la Mesa del Parlamento en lo que presentó como el inicio del periodo de sesiones en la Cámara autonómico, en un curso que según lo señalado en su momento por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, debe ser el momento de abordar el debate sobre el Nuevo Estatus. El próximo hito será la celebración del Pleno de Político General, el 16 de setiembre.

El pasado 25 de junio, en un pleno de control, Iñigo Urkullu respondió a Carlos Iturgaiz que «valoro positivamente la idea de reactivar este debate político aquí y ahora, en este Parlamento, donde reside la soberanía, ahora, en un momento de transformación global».

El lehendakari añadió que «los debates no amenazan la estabilidad ni la convivencia. La imposición o la negación del diálogo sí provocan problemas. La normalización del debate y la negociación política es una profundización de la democracia, su negación o demonización conduce a callejones sin salida».

Días después, en un acto de recepción a los participantes en los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Gasteiz, Iñigo Urkullu insistió en que la legalidad «no es inmutable» y que el respeto a la voluntad popular «debe encontrar siempre un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico». El lehendakari cree que se debe «alumbrar un nuevo estatus de futuro», y defendió un nuevo pacto con el Estado sobre la base de un concierto político leyendo «adecuadamente este nuevo tiempo, asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias diferenciadas».

Entrevistado por GARA en diciembre de 2020, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, situó el debate sobre el Nuevo Estatus en «entre las elecciones catalanas (que se celebraron el 14 de febrero de 2021) y lo que deparen, y el final de la legislatura en Madrid». La explicación fue la de «aprovechar la ventana de oportunidad» que supone el gobierno de coalición PSOE-UP.

Habrá que dar un paso

En la pasada legislatura, la Ponencia de Autogobierno avanzó hasta solicitar a un grupo de expertos la redacción de un texto articulado que –según aprobaron PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos– debería tener como base «reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y las vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados».

Sin embargo, los expertos entregaron varios documentos. Los designados por PNV, PSE y EP registraron uno con variantes en cuestiones básicas como el derecho a decidir. Otro lo firmó el de EH Bildu y algo hizo Jaime Ignacio del Burgo, del PP.

El caso es que para retomar ahora el debate, habría que registrar una proposición de ley de reforma del Estatuto. Podrían hacerlo varios grupos de acuerdo, algo muy difícil vista la experiencia, o, lo que es más probable, tendría que presentarlo el PNV en base a las conclusiones de su propio experto, Mikel Legarda. Un movimiento arriesgado. Pero sí se quieren resultados prácticos, los pasos deben darse en este periodo de sesiones.