Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la nueva norma foral que permitirá a la Diputación cobrar un canon a los camiones que circulen por la totalidad de la A-15 y la N-I. Esta nueva norma ha sido aprobada después de que las dos anteriores fueran anuladas por los tribunales. La norma ha recibido los votos a favor de PNV y PSE y los contrarios de EH Bildu, Elkarrekin Gipuzkoa y PP.

Según informa la Diputación, tras la aprobación de la norma será necesario adecuar el sistema de detección de vehículos mediante arcos y otros elementos, «por lo que, si todo va según lo previsto, entrará en vigor a finales de 2022 o comienzos de 2023».

Durante este periodo, la Diputación no cobrará el canon a los camiones, ya que este ha sido anulado por los tribunales en 2016 y 2018.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha justificado la nueva norma en la necesidad de obedecer «un mandato de las Juntas Generales, que tras una profunda reflexión, acordaron que se implantase el pago por uso para hacer frente al mantenimiento y a las mejoras de nuestras carreteras».

Tras recordar las sentencias judiciales en contra de las normas forales previas, Oiarbide ha subrayado que el objetivo de la nueva es «aprobar un texto con seguridad jurídica para que los peajes se consoliden».

La nueva norma establece que la totalidad de los 76,352 kilómetros que la N-I y la A-15 recorren por territorio guipuzcoano sean de pago para los camiones. Una vez implantado el nuevo sistema, todas las autovías y vías de alta capacidad del herrialde serán de pago para camiones.

«No se puede negar la evidencia, y la evidencia dice que la política europea para el mantenimiento de las carreteras y el cuidado del medio ambiente, reducción de emisiones contaminantes e implantación de políticas sostenibles pasan por el pago por uso», ha señalado Oiarbide y ha añadido que en la gran mayoría de los estados de la Unión Europea llevan años con el pago por uso en las carreteras de alta capacidad y  que el Estado español también está obligada a implantarlo en autopistas y autovías para 2024.

«Nosotros hemos sido los primeros en comenzar a implantar la Directiva Europea en el estado, y a pesar de que hemos tenido el rechazo frontal de los transportistas, que a su vez cumplen el pago por uso en el resto de Europa, y de tener que transitar por un complejo camino de desengaños judiciales, ninguna sentencia ha dicho que no podamos implantar las políticas del pago por uso», ha resaltado la diputada de Infraestructuras Viarias.

Rechazo de la oposición

El juntero de EH Bildu Oskar Bordes ha explicado que su grupo se ha opuesto a esta tercera norma foral porque «perjudica al sector del transporte y no incluye medidas para reducir las emisiones contaminantes».

Además, ha recordado que los arcos que se colocarán para el cobro de peajes «tendrán un costo de alrededor de 25 millones de euros, que se suman a los diez millones de los arcos anteriores» y ha lamentado que cuando comience a estar operativo en 2023 «lo hará con un saldo de menos 73 millones de euros».

La juntera de Elkarrekin Gipuzkoa Arantza González ha calificado de «fracaso» la estrategia de la Diputación y ha subrayado que esta norma va «a hacer daño a los conductores». En esa línea, ha criticado que la Diputación «se da mucha prisa para aprobar normas pero no es capaz de acordar con un sector esencial».

«La excusa demagógica de que si no se paga por las carreteras no habrá dinero para políticas sociales está siendo utilizada por el Gobierno foral para que a quince kilómetros de nuestros domicilios solo haya carreteras de peajes para todos», ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que esta medida «no tiene en cuenta la situación del sector de transportistas por carretera y estos peajes un palo más en las ruedas».

«Se ha utilizado la coyuntura medioambiental para establecer un modelo hiperrecaudador, injusto, frente al sector del transporte que supera ampliamente los objetivos cualitatitivos y cuantitativos de la primera normal foral», ha denunciado el juntero del PP, Juan Carlos Cano.

Crítica de Hiru

El sindicato de transportistas Hiru también ha rechazado la nueva norma y ha destacado que el transporte de mercancías es un servicio público esencial. «PNV y PSE obvian cuestiones fundamentales inherentes al sector, como que el transporte de mercancías por carretera es un servicio público esencial y las infraestructuras viarias son un bien público que se financia mediante impuestos y tributos que todos pagamos», sostiene Hiru.

Junto a ello, denuncia que la Diputación está dificultando la devolución de los peajes cobrados irregularmente desde la anulación de la última norma, en 2018.

Por ello, Hiru ha calificado de «irresponsable» la actitud de la Diputación de cobrar los peajes durante cuatro casi años de manera automática pese a tener una sentencia en contra. «La Diputación tiene todos los datos y debería devolver las cantidades cobradas automáticamente sin que cada transportista tenga que presentar su solicitud en el juzgado correspondiente».