El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha puesto en valor este viernes el acuerdo alcanzado por el PNV y el Gobierno español para que las instituciones de la CAV ejecuten el acceso soterrado del TAV mediante encomienda de gestión.

«Hoy es un día histórico porque damos un paso muy importante para que Tren de Alta Velocidad llegue a nuestra ciudad cuanto antes. Y además, despejamos cualquier duda sobre su acceso soterrado a nuestro municipio. El TAV llegará a Gasteiz, llegará lo antes posible y lo hará bajo tierra», ha señalado en una rueda de prensa.

Pero lo cierto es que Urtaran no es el primer alcalde que avanza la llegada inminente de la alta velocidad a la ciudad. Ya lo hicieron con anterioridad Patxi Lazcoz, del PSE, y Javier Maroto, del PP.

Lo cierto es que en poco más de una década han pasado por Gasteiz cuatro ministros, dos del PSOE y dos del PP, que han suscrito su compromiso con el soterramiento. 

El primero en suscribir un convenio con las instituciones de la CAV fue José Blanco, que propuso instalar la estación de tren en el parque de Arriaga, cerca de la de estación de autobuses. La obra costaría 550 millones de euros.

Rajoy sustituyó a Zapatero en La Moncloa, y Maroto a Lazcoz en la Alcaldía. La llegada del PP estuvo acompañada de una batería de recortes que también afectaron a la obra pública. En el caso de Gasteiz, se dejó a un lado el soterramiento por Lakua.

En 2012, la ministra Ana Pastor, declarada persona ‘non grata’ por el Ayuntamiento de Gasteiz, volvió a convocar la sociedad pública diseñada para impulsar el soterramiento, y tres años después se reunió con la consejera Ana Oregi, a día de hoy teniente de alcalde, ante la que se comprometió a cerrar ese mismo año el acceso del TAV.

A la vista está que los plazos no se cumplieron. Y el PP, que años antes reconoció que el soterramiento del ferrocarril era «inviable», trajo a un acto al ministro Iñigo de la Serna, quien no se cortó al anunciar que el tren entraría a la ciudad bajo tierra en 2023.

Ese mismo plazo fue barajado por José Luis Ábalos en 2019, cuando presentó un proyecto que supondría un coste de 872 millones de euros, un importe que, con posterioridad fue rebajado a 680 millones por parte de Lakua, que quiere ejercitar esta obra mediante encomienda de gestión.