La «guerra arbitral» puede ir para largo. Las colegiadas han ofrecido este lunes en Madrid una rueda de prensa en la que han asegurado que mantendrán el plante –que hacen extensivo a la Copa, cuya primera eliminatoria debe disputarse esta misma semana– hasta que no se alcance un acuerdo satisfactorio respecto a sus condiciones laborales. Apuntan directamente a la Liga Profesional de Fútbol Femenino, pese a que dependen de la Federación Española, pero rehúyen tratar directamente con los representantes de la nueva competición por considerarlo innecesario y fuera de normativa y delegan las negociaciones en la Española.

Las colegiadas Marta Huerta de Aza, Guadalupe Porras y Marta Frías, en representación de sus compañeras han subrayado su «independencia, no recibimos órdenes de nadie. Es una falta de respeto intolerable que desde la LPFF se nos esté acusando de estar manipuladas como si fuéramos unas marionetas porque no dejamos que nadie decida por nosotras», aseguraba Huerta de Aza, para añadir de inmediato que «nuestra casa es la Federación», cuyo papel en la profesionalización del fútbol femenino está siendo ciertamente discutible.

Se ha hablado de fechas y de números. La responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros Yolanda Parga ha ofrecido un relato pormenorizado de las reuniones mantenidas entre Federación Española y LPFF desde el pasado 27 de junio, en el que ha acusado a los rectores de la nueva competición su inmovilidad, al no ceder un ápice del ofrecimiento de 3.300 euros de tasas arbitrales por partido, pese a que la Española ha estado «siempre abierta a negociar», hasta el punto de que ha ido rebajando sus pretensiones para ofrecer «un acuerdo de mínimos» en la tarde del pasado viernes, para intentar evitar el plante.

En esa narración ha faltado, sin embargo, una referencia concreta a las cifras en las que se ha movido la Federación Española durante esa negociación. Pese a las insistentes preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, Parga ha optado por las evasivas. Incluso cuando se le ha preguntado directamente si la última propuesta, la «de mínimos», que realizó la RFEF ascendía a 7.500 euros por partido, la responsable del CTA ha esquivado la cuestión con un «no te lo sé decir exactamente», pese a que se realizó hace apenas tres días.

A las tres colegiadas que han hablado en representación de sus compañeras también se les ha tenido que insistir en numerosas ocasiones hasta que Guadalupe Porras ha reconocido que su reclamación pasa por cobrar la sexta parte de lo que cobran los árbitros en Primera masculina (300.000 euros) y, por lo tanto, la tercera de lo que cobran los colegiados en Segunda (145.000) aunque se llegaría a esa cifra de forma progresiva en el plazo de cinco años. «Tenemos una Liga profesional y somos el único estamento que no lo es», han lamentado.

Por eso han insistido en todo momento en que no se trata exclusivamente del sueldo que puedan ingresar a fin de mes, sino de todo lo que implica el ejercicio de la profesión –contratos, cobertura sanitaria, equipamientos, desplazamientos, preparación…–. Es decir, de unas condiciones laborales dignas. Han recordado, en este sentido, que las jugadoras de Primera ya fueron a la huelga hace tres años en plena negociación por su convenio. Aunque se les ha olvidado que las futbolistas de Primera tienen un sueldo mínimo de 16.000 euros, no de 50.000; que a esa huelga, planteada con tiempo como para negociar una solución previamente –aunque no sucedió– se llegó tras 18 meses de negociaciones; y que mientras la Primera masculina se repartió el curso pasado más de 1.400 millones por derechos televisivos sólo en una temporada, los principales ingresos de la Liga F durante los próximos cinco años serán de 82 millones entre derechos televisivos, activos comerciales y subvención del CSD. Es decir, 11’7 millones por temporada a repartir entre 16 equipos de los que habría que destinar cinco, prácticamente la mitad, a tasas arbitrales.

Las colegiadas, por otro lado, han denunciado «las amenazas» que están recibiendo por parte de la LPFF, que ya anunció que, en el caso de producirse el plante, tomaría las medidas que estimase oportunas, que podrían incluso concluir con la inhabilitación de las árbitras.

No parece que la Federación Española vaya a responder de la misma manera pese a que, de nuevo tras mucha insistencia de los periodistas, las árbitras hayan confirmado que tampoco se presentarán a los partidos correspondientes a la primera eliminatoria de Copa, que enfrentará a equipos de 1ª y 2ª RFEF, además de a los recién ascendidos Alhama y Levante Las Planas, y que debe disputarse esta misma semana. «Luchamos por unas condiciones y hasta que no las tengamos, no arbitraremos», zanjan. No ha habido plante, sin embargo, en 1ª RFEF, la máxima categoría que organiza la Federación Española y que se ha puesto en marcha este fin de semana, pese a que las colegiadas cobran entre 85 y 350 euros por partido. «Ellas no van a parar porque no es una Liga profesional. Pero la Liga sí ha pasado a ser profesional», han asegurado.

Reunión en el CSD

No habrá, por tanto, reunión entre clubes y árbitras en el CSD, que había convocado la LPFF. Pero sí entre esta y la Federación Española, a quienes ha convocado de urgencia José Manuel Franco este mismo lunes a las 17.00 en la sede del CSD «para buscar un acuerdo con carácter urgente y permanente para un comienzo en paz de la competición profesional femenina». Ha solicitado asimismo, «como gesto de buena voluntad», que la LPFF «retire su propuesta de petición de responsabilidades disciplinarias y medidas sancionadoras» contras las árbitras.