En principio puede parecer que una empresa pública debería estar a salvo de los condicionantes que atenazan a una empresa privada, ya que el único accionista es el Estado que teóricamente no tiene necesidad de maximizar los beneficios. Sin embargo, en el caso de Statkraft llama la atención que la empresa pública haya crecido hasta convertirse en una multinacional. La principal idea de las empresas públicas es que tengan vocación de servicio a la comunidad en la que surgen, y, por tanto, no debería tener especial interés en crecer y ampliar sus mercados, como cualquier otra empresa capitalista, y mucho menos allende de las fronteras del país.

Puede que en este caso el problema sea que el principal accionista, el Estado noruego, acumula tal cantidad de recursos financieros provenientes de la explotación de las riquezas naturales del país, que son invertidas a través del Fondo de Pensiones Global de Noruega, que haya optado por diversificar sus activos y haya apostado por la inversión directa en el extranjero en energías renovables. Una decisión respetable pero que delata ese afán de crecer propio de las corporaciones capitalistas

En cualquier caso, durante el primer semestre de este año el Fondo de Pensiones Global de Noruega perdió 1,68 billones de coronas (170.000 millones de euros). El desplome del valor de las acciones que representan el 68,5% de los activos del fondo y en menor medida la caída de los bonos están en la base de estas millonarias pérdidas. Statkraft también ha tenido cuantiosas pérdidas este segundo trimestre, debido a los contratos de cobertura que firmó. Al parecer no calcularon de manera adecuada los precios de sus ventas, que se han quedado muy por debajo de los actuales precios del mercado, lo que le ha llevado a perder unos 119,5 millones de euros frente a los 229 millones que ganó en el mismo periodo del año pasado.

Pérdidas coyunturales que no amenazan la viabilidad ni del fondo soberano ni de la empresa pública, pero que, sin embargo, muestran que los activos financieros no son un refugio tan seguro como se cree para acumular los réditos de la extracción de petróleo –en el caso del fondo– o de la energía hidroeléctrica –en el caso de Statkraft–.

La crisis de Ucrania ha puesto de relieve además la distancia que hay entre los bienes físicos, ya sean hidrocarburos o cereales, y los correspondientes activos financieros: si el bien físico no llega, el dinero no se puede comer.

El enfoque de Statkraft

En el ámbito financiero no hay grandes diferencias con otras empresas. En cuanto a sus proyectos, Statkraft ha sufrido recientemente un pequeño revés en Valencia, donde el Parlamento autonómico ha aprobado la «ley ómnibus» para afrontar la crisis energética. Entre las estipulaciones ratificadas en esa norma está que no se podrán instalar parques fotovoltaicos en zonas consideradas de alto valor agrológico, lo que deja el parque de Talayuela Solar, un proyecto impulsado por Statcraft, en el aire. Su director, Guillermo Roth, lamentó que las «nuevas limitaciones» hayan paralizado varios proyectos.

Desde luego, a nadie le sienta bien que sus planes no salgan adelante. Sin embargo, la limitación aprobada tiene bastante sentido. Desde el punto de vista medioambiental no tiene mucha lógica tapar con placas terrenos con alto valor agrológico, es decir, tierras que transforman la energía solar en alimentos directamente. Es como desnudar a un bebe para vestir a otro. En los lamentos del directivo parece que ha pesado más la estrecha perspectiva empresarial que la visión general.

En cualquier caso, existen dos aspectos positivos en la práctica de Statkraft que merecen ser subrayados. Por un lado, está que, más allá de que hayan interiorizado la cuestión de buscar el equilibrio entre los intereses de los diferentes stakeholders, al menos han comenzado la andadura de sus proyectos poniéndose en contacto con las autoridades locales y con la población de los municipios afectados. Una práctica poco habitual en nuestro entorno, donde los proyectos se discuten con el Gobierno autonómico o la diputación en función de las competencias, e inmediatamente después se pasa a la ejecución, sin que nadie tenga nada que decir al respecto.

Y al parecer la discusión con los afectados no es una simple pose. En el proyecto de aerogeneradores de Prada en Ourense, Statkraft modificó el proyecto inicial para recoger las aportaciones de la población. De ese modo pasó de tener 31 aerogeneradores a 24, un poco más potentes, aunque finalmente la potencia total del proyecto será algo menor. Asimismo, Statkraft decidió eliminar del proyecto dos torres meteorológicas, así como sus viales de acceso y canalizaciones eléctricas.

Otra cuestión importante es que la empresa pública noruega está dispuesta a negociar la participación en el proyecto de otras entidades interesadas. Statkraft apunta que se pueden usar fórmulas de participación social como son las comunidades energéticas locales, de manera que los ciudadanos de los municipios afectados tengan la oportunidad de beneficiarse de la electricidad generada.

Este es también un enfoque interesante que va más allá del pago por la compra de los terrenos o el abono de una renta anual por su uso de los mismos, y entra a discutir diferentes formas de compensar los costes sociales que tendrá el proyecto para los vecinos afectados. Porque todos los proyectos tiene costes: en algunos casos serán inasumibles para los afectados –nadie quiere una incineradora cerca de casa, aunque la electricidad sea muy barata–, y en otros se podrá alcanzar acuerdos en los que se compensen costes y beneficios, algo para lo que es necesaria la participación de la gente afectada. No existe otra forma.

A partir de un planteamiento de esas características se puede debatir sobre el valor que dan los vecinos a lo que pierden –a fin de cuentas son quienes van a sufrir las consecuencias negativas que tenga el proyecto–, y como compensarlo. El acceso a energía más barata mientras se mantenga el proyecto en funcionamiento puede ser una fórmula. El dinero no se come y puede terminar perdiéndose, sin embargo, siempre será necesaria la energía y puede suponer un importante ahorro para las comunidades que en mayor medida sufrirán las molestias de la actividad.

La propuesta de Statkraft abre las puertas a un debate muy interesante y enriquecedor, que puede terminar en acuerdo o no. En cualquier caso, el enfoque está muy alejado de las formas que habitualmente se utilizan en Euskal Herria, donde los proyectos vienen empaquetados desde arriba y se imponen, sin consultar siquiera a la ciudadanía.