La Audiencia Nacional ha corregido de nuevo al juez instructor de la causa en la que están procesados una docena de presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por «terrorismo» y le ha obligado a ampliar la instrucción para permitirles proponer diligencias tras acceder a la totalidad del procedimiento.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección segunda de lo Penal ha adoptado esta decisión al estimar el recurso interpuesto por uno de los procesados, Ferrán Jolis, contra los autos en los que el magistrado instructor Manuel García Castellón, con el visto bueno del fiscal, rechazó prorrogar la instrucción para permitir que pudieran solicitar nuevas diligencias.

Los magistrados ordenan por tanto al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que acuerde «prórroga suficiente de la instrucción para permitir la solicitud de las diligencias» que considere oportunas para su defensa, «sin perjuicio que acuerde lo procedente sobre su pertinencia y utilidad"»

La Sala considera que el rechazo del magistrado a prorrogar la instrucción no es «congruente» con la obligación de incorporar al procedimiento principal todas la diligencias de investigación existentes, tal y como le ordenó esta misma sección en otra resolución tras revocar su decisión de entregarles únicamente a cada uno la parte de la causa que les afecta en particular y no en su totalidad.

«Resulta evidente que se trata no sólo de incorporar dichas diligencias sino de garantizar el derecho de defensa de los procesados que lo han sido por unos hechos que encuentran sus raíces en las mismas», argumentan los magistrados.

Es por ello, añaden, que cuando se alza el secreto «se les debe conceder de un plazo de instrucción -al menos 10 días– para que tengan oportunidad de proponer diligencias exculpatorias en su defensa, de modo que denegar la prórroga en las condiciones expuestas supone, de facto, acordar una conclusión de sumario sin respetar el mencionado plazo, lesionando el derecho de defensa».

Antecedentes

Tampoco es la primera vez que esta sección se pronuncia en contra de la negativa del juez a entregar a los imputados parte de las diligencias de esta investigación, ya que meses antes había ordenado a García Castellón que permitiera a los trece presuntos miembros de los CDR procesados acceder a los archivos originales de «todas las escuchas telefónicas» que se dieron, también en aras del derecho de defensa.

Sin permitir esa prórroga solicitada por las defensas para poder pedir nueva diligencias, García Castellón dictó el pasado octubre la conclusión del sumario, dejando así a un paso de juicio a los procesados por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista, castigado con pena de 6 a 12 años de prisión.

En realidad todo el proceso está plagado de irregularidades desde la acusación de la Guardia Civil, que semanas después de los arrestos fue desinflando la acusación reconociendo que lo único que había interceptado en la redada eran los denominados «precursores de explosivos». Los encarcelados fueron siendo liberados, pero la causa ha seguido luego hasta llegar al punto actual.