Turquía sigue sin aliento desde el pasado lunes con toda la población movilizada para ayudar a las víctimas del terremoto de 7,8 que sacudió el sureste del país. El sismo ha afectado al 15% de las 85 millones de personas que habitan el país, principalmente a la población kurda y a dos millones de refugiados sirios.

A medida que los equipos de rescate dan por terminada la búsqueda de personas con vida en algunas provincias, crece la incertidumbre sobre el impacto económico y sobre todo político que tendrá esta tragedia en el Gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) y su presidente, Recep Tayyip Erdogan.

La atención y rapidez de la principal agencia de rescates AFAD ha sido muy desigual en las diez provincias afectadas por el sismo. Mientras que en algunas ciudades como Adana pocas horas después del temblor, en otras provincias no se desplegaron hasta 90 horas después del sismo.

«Miles de personas sienten que las autoridades las han dejado solas. No ha llegado ayuda, ni comida. No hay agua ni luz. No ha venido nadie de AFAD a este distrito.

La propia población está intentando sacar a sus seres queridos entre los escombros», explica Anil Sik, un voluntario de una organización izquierdista desplegada en Defne, en la provincia de Hatay, una de las más afectadas por el sismo.

«Las primeras organizaciones que han llegado a estos lugares eran locales o ayuntamientos que estaban en manos de la oposición. Estamos hablando de los primeros días, que son los más críticos para encontrar a gente con vida», describe. «El AKP, en cambio, es quien dirige a AFAD pero ha dejado a gran parte de la población sobreviviendo a su merced, auto-organizándose».

En Pazarcik, en la provincia de Kahramanmaras, epicentro del terremoto, tienen una experiencia similar. «Hemos pedido ayuda, pero nadie ha venido durante días. Llamamos a AFAD muchas veces, también a través de redes pero tardaron mucho en venir. El 90% de los edificios de la ciudad se han derrumbado y no damos abasto», señala Mehmet Alpaci, oriundo de Pazarcik.

Llamadas de socorro

El 80% de los medios de comunicación están afiliados al Gobierno y muestran desde el lunes, heroicas historias de rescates de supervivientes del terremoto y la llegada de ayuda humanitaria local e internacional.

Sin embargo, en redes sociales y en medios opositores, la realidad es muy diferente. En Twitter y a través de Whatsapp, la población se envía mensajes pidiendo ayuda de gente que sigue viva bajo los escombros y que asegura que los equipos de emergencia no han llegado.

Mientras que sus familiares y personas que han perdido sus hogares, claman ante las cámaras la falta de atención de los equipos de rescate turcos. Erdogan en su visita a la zona afectada admitió que «el primer día tuvimos algunos problemas» pero que el segundo ya estaba «todo bajo control». Rechazó las críticas a su logística y aseguró que eran «provocaciones».

Por su parte, el principal líder en la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, culpó al Gobierno de los errores de los equipos de rescate y denunció a las autoridades turcas por restringir el uso de Twitter el pasado martes, una herramienta crucial para la organización humanitaria y un canal de socorro para víctimas del terremoto.

Efecto electoral

La gestión del desastre podría tener efecto en las urnas en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales previstas para el 14 de mayo. Justo antes del terremoto, Turquía ya estaba inmersa en plena campaña electoral, en medio de una presión judicial sobre los partidos opositores y de una severa crisis económica con una inflación de más del 50%.

«El Gobierno no estaba preparado para este desastre y está dificultando la tarea de otras organizaciones humanitarias, de los ciudadanos y alcaldes de municipios que quieren ayudar», asegura Soli Ozel, académico en la Universidad de Kadir Has, en Estambul.

Un oficial del Gobierno señaló a Reuters que ven «serias dificultades para celebrar elecciones el 14 de mayo», dado que el sismo ha afectado a más de 15 millones de habitantes.

Al Gobierno también se le achaca la falta de controles de seguridad de los más de 6.000 edificios derrumbados por el terremoto. A pesar de que Turquía se encuentra en una zona sísmica muy activa, en 2018 Erdogan concedió amnistías a miles de empresas constructoras y edificaciones que no cumplían con los estándares de seguridad. A principios de febrero de este año, el Gobierno anunció que preparaba un proyecto de ley de nuevas amnistías.

Según la Cámara de Urbanistas de Estambul, 75.000 edificios de la zona afectada por el terremoto han recibido este tipo de amnistías.

Al tiempo que crecen las críticas también aumenta la presión en el terreno sobre periodistas, principalmente kurdos, que cubren el desastre. En las últimas horas tres reporteros de medios kurdos han sido detenidos por supuestamente «incitar al odio público» con sus reportajes. Mientras, de las diez provincias que están bajo el estado de emergencia tras el sismo, en una de ellas, Diyarbakir, se han impuesto mayores restricciones contra los periodistas con sus reportajes.