La corte de La Haya ha emitido este viernes una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al que responsabiliza de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra y que el Kremlin siempre ha negado.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la institución en un comunicado.

La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que «el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos», particularmente el de la deportación infantil forzada, «que todavía continúa».

Casi imposible

Así, el paso dado por la corte de La Haya es un primer envite judicial contra Putin, pero dista mucho de ser definitivo. Antes de dictar la orden de arresto sobre el presidente ruso, el TPI ya tenía pendiente la detención de otras 15 personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos –116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio– relativos a episodios ocurridos en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.

El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que la corte no puede juzgar a ningún acusado in absentia, es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.

Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia –se retiró en 2016– ni tampoco otros como China o Bielorrusia, ni EEUU.

El TPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitrión de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desmentido aún que pueda acudir el presidente ruso.

El papel de los países

El TPI reconoce, por tanto, que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios «razonables» para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere de la colaboración de los países.

En este sentido, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.

Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, aunque no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.

Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega al TPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.

 «Un gran día para las víctimas»

La organización Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido la orden de arresto, en la medida en que «es un gran día para las muchas víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014». Una de las responsables de la oficina de justicia internacional, Balkees Jarrah, ha subrayado que ha visto en la orden «un primer paso para terminar con la impunidad» que durante años ha rodeado el conflicto ucraniano.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha celebrado también la orden de arresto y ha asegurado que esto «no es más que el principio del proceso de rendición de cuentas de Rusia y sus dirigentes».

Dimitro Kuleba, Ministro de Exteriores de Ucrania, se he pronunciado en la misma línea, y ha asegurado en su cuenta de Twitter que «los delincuentes internacionales rendirán cuentas por robar niños y otros delitos internacionales».

Sin embargo, es difícil que se produzca el arresto, y Rusia ha calificado las órdenes del Tribunal Internacional «jurídicamente nulas» para ellos, según María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa. Argumentó que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones».

La ONU por su parte, ha preferido no pronunciarse sobre esta materia, alegando ser un órgano independiente del CPI que «no comenta sus decisiones».