La Asamblea General de la ONU aprobó entre aplausos una resolución histórica ​​que pide al máximo tribunal de justicia mundial aclarar las obligaciones de los estados en la lucha contra cambio climático. Según la resolución, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tendrá que responder a la cuestión de las obligaciones que incumben a los Estados   «para las generaciones presentes y futuras».

Se trata de concretar, más allá de los objetivos firmados en las cumbres sobre el clima y el medio ambiente, los compromisos que se les puede exigir, y puede servir para respaldar resoluciones de tribunales estatales y forzar así su cumplimiento.

Las ONG ambientalistas y varios estados entre los 130 copatrocinadores del texto –entre los que no están los principales contaminantes, EEUU y China– acogieron con gran satisfacción este texto adoptado por consenso, considerándolo un «avance histórico». El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que, aunque no sea vinculante, el futuro dictamen del órgano judicial de las Naciones Unidas podría ayudar a los Gobiernos a «tomar una acción climática más valiente y más fuerte que el mundo necesita desesperadamente».

Una victoria épica

«Hoy fuimos testigos de una victoria épica de la justicia climática», se felicitó Ishmael Kalsakau, primer ministro de Vanuatu, Estado insular devastado a principios de marzo por dos poderosos ciclones en pocos días, y que ha liderado esta propuesta en la ONU. También es «una victoria para las personas y las comunidades de todo el mundo en la primera línea de la crisis climática», señaló Lavetanalagi Seru, coordinador del Pacífico de la red de ONG Climate Action Network.

El Gobierno de Vanuatu lanzó la iniciativa en 2021, tras una campaña iniciada por estudiantes de Derecho dos años antes.

Hace una semana, los expertos en clima de la ONU (IPCC) volvieron a advertir de que el calentamiento global debería alcanzar como máximo el umbral de +1,5°C en comparación con la era preindustrial para 2030-2035, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Un recordatorio brutal de la urgencia de actuar radicalmente durante esta década para asegurar un futuro habitable para la humanidad, pero que los Estados dejan en segundo plano ante las «urgencias» del desarrollo económico y del crecimiento empresarial.

«Esta resolución pone los derechos humanos y la equidad intergeneracional sobre el cambio climático en el centro, dos elementos clave generalmente ausentes del discurso dominante», opinó Shaina Sadai, del grupo de expertos Union de Científicos Preocupados.

Incluso si las opiniones de la CIJ, el órgano judicial de la ONU, no son vinculantes, tienen un peso legal y moral importante, y a menudo son tenidas en cuenta por los tribunales nacionales.

Acelerar la acción

Vanuatu y sus partidarios esperan por ello que la futura opinión del tribunal, que se espera para dentro de unos dos años, aliente a los Ejecutivos a acelerar su acción, ya sea por sí mismos o mediante apelaciones contra los estados que se multipliquen en tribunales de todo el mundo.

Sin embargo, este optimismo no es unánime. «No veo qué podría decir la Corte de utilidad», dijo Benoît Mayer, especialista en Derecho Internacional de la Universidad china de Hong Kong, quien, por el contrario, evoca el riesgo de que emita una opinión «contraria a lo que querían los proponentes de la solicitud».

La resolución también se refiere a las acciones de los estados responsables del calentamiento global y las consecuencias jurídicas de sus obligaciones hacia los pequeños Estados insulares, así como hacia sus poblaciones actuales y futuras.

Precisamente, una cuestión central en la lucha de los países más pobres es la financiación de las pérdidas y daños que sufren, pero en este caso las obligaciones de los Estados más contaminantes chocan con los intereses opuestos a cualquier idea de reparaciones por su responsabilidad en el calentamiento global.

Así, EEUU logró durante las negociaciones del Acuerdo de París una cláusula que especificaba que el texto «no se utilizará como base» para comprometer «responsabilidades o compensaciones», una cuestión que ha estado presente desde entonces en cada cumbre climática.