Imanol Intziarte

Donostia reconoce que aún no ha comenzado los trámites para ser declarada zona tensionada

A pesar de las declaraciones públicas y de las mociones y propuestas aprobadas en el pleno, el Gobierno municipal ha confirmado este lunes que aún no ha comenzado con la redacción de los documentos necesarios para solicitar que la ciudad se declare zona tensionada de vivienda.

Viviendas en la calle Miramar de Donostia.
Viviendas en la calle Miramar de Donostia. (Juan Carlos RUIZ | FOKU)

El pasado año, diferentes municipios de la CAV, entre ellos las tres capitales y los más poblados, aprobaron una moción presentada por Stop Desahucios que reclamaba al Gobierno de Lakua la declaración de zona tensionada, debido a la carestía del acceso a la vivienda de alquiler.

La Ley de Vivienda de 2023 introducía esta figura, definida como un espacio geográfico en el que se ha producido un crecimiento desmedido y continuo de los precios. Concretamente, para ello se debe cumplir al menos una de dos condiciones; que en los últimos cinco años el precio de la vivienda haya subido tres puntos por encima del IPC o que la ciudadanía tenga que destinar más del 30% de su salario al pago de su vivienda. La declaración de zona tensionada permite poner en marcha medidas dirigidas a controlar el precio de la vivienda.

A mediados de diciembre, el Observatorio de la Vivienda del Gobierno de Lakua publicaba un diagnóstico en el que identificaba 41 municipios susceptibles de ser declarados zonas residenciales tensionadas. En el caso de Donostia, no se contemplaba la ciudad al completo, ya que se quedaban fuera partes de  Aiete, Amara Berri, Centro, Martutene y Zorroaga, así como los barrios del Antiguo, Añorga, Ibaeta, Igeldo y Zubieta.

La semana pasada, el alcalde Eneko Goia apuntaba que, a su juicio, sería más adecuado declarar todo el término municipal como zona tensionada, para evitar que pudiera darse un ‘efecto frontera’, como el que sucede con los aparcamientos de la OTA. Puso como ejemplo el barrio de Martutene, aledaño a los municipios de Astigarraga y Hernani, que entran dentro del listado del Gobierno autonómico.  

Tres documentos

Este lunes se ha celebrado en el Ayuntamiento donostiarra una sesión de la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio, y en ella el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran ha presentado una interpelación al Gobierno municipal en la que se recuerda que la solicitud para que se declare una zona como tensionada «requiere que la misma vaya acompañada de un diagnóstico de la situación del mercado de la vivienda, de una memoria y de una propuesta de Plan de Actuación para los próximos tres años».

Al no haber constatado que el proceso se haya puesto en marcha, Burutaran preguntaba las razones de esa falta de informes. «¿Piensa encargar la realización de los mismos o abordarlo con medios propios? ¿Qué plazos maneja para ello?».

Según ha podido conocer NAIZ, ha sido la concejala delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, la encargada de confirmar que todavía no se ha iniciado el proceso.

«No se ha dado ningún paso efectivo para solicitar oficialmente la declaración de la ciudad como zona tensionada. Ni siquiera nos han dicho que los tres documentos necesarios estén en fase de redacción o que se vayan a encargar próximamente», ha explicado Ricardo Burutaran.

«Ante esta inacción del Gobierno municipal y del alcalde, llevaremos al próximo pleno una moción de control que pretende que se materialice el acuerdo aprobado dos veces por una amplia mayoría, que no es otro que solicitar oficialmente, con la documentación necesaria para ello, la declaración de la ciudad como zona tensionada», ha anunciado el edil de EH Bildu.

También en Gasteiz

La coalición soberanista ha informado que pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Gasteiz que en un plazo máximo de cuatro meses el Consistorio remita al Gobierno de Lakua la solicitud de declaración de áreas tensionadas en la ciudad.

«No podemos quedarnos sin hacer nada ante una de las principales preocupaciones ciudadanas. El precio del alquiler está en récord histórico y miles de gasteiztarras están demandando un alquiler social, por lo que es obligatorio tomar la iniciativa política y buscar soluciones», ha defendido el concejal Unai Fernández de Betoño.

«Para entender la vivienda como un derecho hay que incidir en dos variables, la oferta y el precio, y la denominación de las áreas tensionadas puede entenderse como una herramienta para influir en ambas, ya que permitirá tomar medidas especiales en estas áreas, limitando las subidas de alquiler», ha añadido.