El Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz ha exigido este lunes la paralización de tres procedimientos de desahucio abiertos contra tres familias con menores, que residen en tres pisos del Casco Viejo de la capital alavesa, en las calles Correría y Zapatería, propiedad de la sociedad municipal Ensanche 21.

En rueda de prensa, este colectivo ha denunciado que «el Gobierno local ha puesto en marcha todos los medios a su alcance para acelerar estos procesos». Asimismo, ha recriminado que «las instituciones están poniendo trabas para que las familias se acojan a la moratoria de los desahucios, ya que han negado de manera sistemática el reconocimiento de su vulnerabilidad».

Por otro lado, ha censurado la, a su juicio, «hipocresía del Gobierno local que, aprovechándose del contexto de crisis de vivienda y en el marco de aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no ha dudado en llenarse la boca de falsas promesas y preocupación».

En este sentido, ha hecho alusión a una entrevista de la alcaldesa, Maider Etxebarria, quien declaraba en un medio local que «la vivienda era una de sus máximas preocupaciones, que estaba firmemente convencida de que la vivienda es un derecho, y que iba a aplicar todas las fórmulas que estén a su alcance, para facilitar que todas las personas que viven en Vitoria tengan acceso a una vivienda digna».

Mesa negociadora

Además de reclamar la paralización de los tres desalojos, el primero de los cuales ha fechado para el 23 de abril, el Sindicato Socialista de Vivienda ha demandado al Ayuntamiento la apertura de «una mesa negociadora para salvaguardar el bienestar de estas familias y que no ejecuten ninguno de los desahucios, mientras no se les asegure a las familias una alternativa de calidad».

Por su parte, fuentes de Ensanche 21 han trasladado a Europa Press que la sociedad municipal denunció la ocupación de las tres viviendas de su propiedad y que, «tras analizar la vulnerabilidad conforme al procedimiento legalmente establecido, ha sido el juzgado el que ha determinado que no tienen derecho legal para ocupar legítimamente esa vivienda».