El 21 de marzo el Tribunal Supremo anuló la transferencia de la homologación de títulos universitarios acordada por los gobiernos español y de Lakua. El PNV ha reaccionado registrando el pasado viernes en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que sea éste quien «ante la falta de un árbitro neutral», busque «asegurar que los tribunales ordinarios no bloqueen los acuerdos sobre los traspasos de competencias», según la nota de prensa jeltzale.

Cualquiera que vea conculcados sus derechos puede acudir en última instancia ante el TC en el Estado Español. Pero la casualidad ha querido que la decisión del PNV sobre las defensa de transferencias llegue coincidiendo en fechas con el 22 de mayo de 1990, cuando el EBB decidió instar al Gobierno de José Antonio Ardanza «al estudio de la posibilidad de desistimiento o retirada de todos los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional pendientes de sentencia». Y al tiempo así lo hizo el Ejecutivo autonómico, anunciando de forma solemne que «nunca más» iba a recurrir al TC porque este tribunal era un «árbitro comprado».

Este boicot al TC se mantuvo durante los ocho años que siguió gobernando José Antonio Ardanza y todas las legislaturas con Juan José Ibarretxe en Lehendakaritza.

Fue el entonces consejero de Justicia, Juan Ramón Guevara, el que llevó a Lakua poner fin a la litigiosidad con el Estado a través del TC. Años después defendió públicamente que «no fue una rabieta», sino «la reacción a una posición ciertamente preocupante que este tribunal estaba adoptando en materia de desarrollo autonómico».

Sin que constara un cambio de actitud del TC que acabara con el «temor fundado en aquel momento a que por la vía jurisdiccional se podía empeorar lo que había sido hasta entonces una interpretación pacífica de determinados preceptos estatutarios», que denunció Juan Ramón Guevara, los Gobiernos de Iñigo Urkullu volvieron a la vía de los recursos al TC por parte del PNV.

DECLARACIONES DE VAQUERO

En el anuncio de su propuesta de reforma legal, la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero manifestó que «pedimos que el tribunal final, la jurisdicción, sea del TC. Porque ahora son los tribunales ordinarios los que dictan sentencias en ese ámbito de las competencias. Y esas sentencias a veces entran en el fondo, en torno al ámbito competencial, y se están rechazando las decisiones que se están tomando entre el Gobierno español y el Gobierno vasco».

Entrevistada en Euskadi Irratia, explicó que «lo que nosotros pedimos es que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en estas cuestiones».

Vaquero incidió en que «las decisiones que finalmente tomamos, y que se toman en las comisiones bilaterales, como es el tema de las homologaciones universitarias, son decisiones que benefician a nuestros ciudadanos». Y concluyó que «lo que queremos es que cuando esa transferencia se acuerde, esa transferencia se haga realidad».

Según una explicación más técnica de la portavoz jeltzale, «los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias. El artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. Es por ello necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el art. 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas».

23 AÑOS DE DENUNCIA

La petición del EBB de retirar los recursos ante el Tribunal Constitucional y la decisión en ese sentido del Gobierno de José Antonio Ardanza pretendía evitar seguir por la vía de la judicialización del desarrollo del Estatuto de Autonomía, que el PNV defendía que debía tener un carácter eminentemente político.

Según manifestó el entonces portavoz del EBB, Joseba Egibar, al insistir en la judicialización del desarrollo autonómico, exigiendo una y otra vez al Tribunal Constitucional la participación como regla y no como excepción, al final el TC sienta doctrina sobre la potencialidad y alcance de un texto [el Estatuto] cuyo basamento es ante todo y sobre todo político y su configuración la del pacto».

El sucesor de José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe, mantuvo esa decisión de denuncia y de no recurrir al TC, al que definió públicamente como «árbitro políticamente comprado». No estuvo muy distante de esta afirmación Josu Erkoreka, cuando era portavoz del PNV en el Congreso y hablaba de «un árbitro sectario», que «no asegura objetividad, imparcialidad e independencia».

Pero con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea y Josu Erkoreka como consejero de Justicia, la interpretación cambió y 23 años después el Gobierno jeltzale retomó la vía de la judicialización ante el TC que ya había abierto el lehendakari Patxi López. Erkoreka afirmó entonces que la vuelta a los recursos era «coherente» con la estrategia del nuevo Ejecutivo autonómico de «defender a ultranza el autogobierno ante las invasiones de competencias».

En una comparecencia inicial ante el Parlamento de Gasteiz, Josu Erkoreka ya anunció que se iba a ejercer «un control escrupuloso de las disposiciones y actos estatales» que podían afectar a las competencias autonómicas y se reaccionaría contra los mismos, tanto «en el plano preventivo», mediante la negociación en la comisión bilateral, como «en el reparador», con la presentación de recursos «ante el Constitucional».

Konstituzionalaren aldeko ageri da orain EAJ

EAJk lege erreforma aurkeztu du Kongresuan, Auzitegi Konstituzionalak eskuduntza kontuen inguruan erabaki dezan, beste auzitegien interferentziak saihesteko asmoz. Alderdiak berak eta Ardanza eta Ibarretxeren gobernuek Auzitegi Konstituzionala boikotatu zuten «erositako arbitroa» zela esanez. Handik 23 urtera, Iñigo Urkullu Ajuria Enean zela eta Josu Erkoreka haren Justizia sailburu zela, irakurketa hori aldatu eta jeltzaleen Gobernuak Patxi Lopez lehendakariak irekitako judizializazio bideari heldu zion, Konstituzionalera joz.