Ocho personas murieron y 28 resultaron heridas el martes en 24 ataques con disparos, coches bomba y drones de guerrilleros en Cali, la tercera ciudad de Colombia, localidades cercanas y el puerto de Buenaventura, el más importante del país en el Pacífico, acciones que el Gobierno calificó de «terroristas».

Es una de las peores ofensivas de guerrilleros durante el mandato de Gustavo Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados del país, pero por ahora sin éxito.

En el Cauca y el Valle del Cauca operan disidentes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, bandas herederas del paramilitarismo y el ELN, la mayor guerrilla de izquierda activa.

Sin atribuirse la responsabilidad de los hechos, el Estado Mayor Central (EMC, liderazgo de las disidencias de las FARC) emitió un comunicado en el que pidió a la población que no se acercara a cuarteles, vehículos institucionales y personal de la fuerza pública.

Para el Ministerio de Defensa, es «una reacción desesperada ante las operaciones contundentes de la fuerza pública, que han golpeado sus estructuras y economías ilícitas».

«Es una demostración de fuerza por parte del EMC, una ofensiva especialmente bien coordinada», indicó a la AFP Elizabeth Dickinson, del centro de estudios ICG.

Juanita Goebertus, directora de HRW en América, cree que «es consecuencia de la fallida política de ‘paz total’ del Gobierno. La ausencia de medidas efectivas de seguridad y justicia ha permitido a los grupos armados ampliar su presencia y aumentar su capacidad de causar daño».

Las disidencias de las FARC que operan en el suroeste del país obedecen órdenes de Iván Mordisco, quien en abril de 2024 abandonó los diálogos de paz con el Gobierno y al que el Ejército intenta arrinconar en la región montañosa del Cauca conocida como el Cañón del Micay.

Si bien el EMC suele atacar a la fuerza pública y a la población, no había ocurrido una acción de ataques simultáneos de esta magnitud.

Investigan la participación policial en el atentado a Uribe

La Fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación para determinar si hay miembros de las fuerzas de seguridad implicados en el atentado del sábado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, tiroteado en la cabeza y en una pierna, un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, revelara que «la Policía está fuertemente infiltrada».

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, había asegurado el martes que la investigación apuntaba a un grupo criminal organizado. Un adolescente está detenido como autor de los disparos mientras Uribe, según el último parte médico, muestra «indicios de mejoría neurológica por una disminución en el edema cerebral» dentro de su estado crítico.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial ha asumido el caso para aclarar «las presuntas responsabilidades de miembros de la Fuerza Pública (…) al estar mencionados uniformados activos».