La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de expedientes a casi todos los Estados miembros del bloque por no haber adoptado todavía las nuevas normas del club para acelerar el despliegue de energías renovables, según ha informado la institución en un comunicado.

Los socios de la UE tenían hasta el 21 de mayo de este año para trasladar a sus legislaciones nacionales la mayoría de las disposiciones de esta directiva adoptada en 2023, salvo aquellas relativas a la aceleración de los permisos, cuya fecha límite era incluso anterior (el 1 de julio de 2024).

El Ejecutivo comunitario ha informado de que solo Dinamarca ha cumplido por ahora con este calendario y por tanto ha enviado una carta de emplazamiento a los otros 26 Estados miembros de la UE, el primer paso en los procedimientos europeos de infracción que, en última instancia, pueden acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La directiva en cuestión tiene el objetivo de «acelerar el despliegue de energía renovable en todos los sectores de la economía», pero «no sólo en el sector eléctrico sino también y especialmente en aquellos sectores en los que es más complicado», como el de la calefacción y refrigeración, los edificios, el transporte y la industria, defiende la Comisión Europea.

Bruselas subraya que esta normativa es «instrumental» para conseguir impulsar la producción de energías de origen renovable dentro de la UE a fin de acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de «fortalecer la seguridad energética del bloque».

El Ejecutivo comunitario también defiende que estas nuevas normas «contribuirán a bajar los precios de la energía y a reforzar la competitividad de la economía europea».

Los Estados miembros apercibidos disponen ahora de dos meses para contestar a las autoridades comunitarias, que podrían lanzar un ultimátum a los países cuyas respuestas no sean satisfactorias antes de dar el último paso de elevar el asunto al tribunal con sede en Luxemburgo.