El fiscal jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, aboga por abordar los casos de menores cada vez más jóvenes que incurren en conductas delictivas desde el ámbito de la protección con diferentes prismas, del educativo al de los servicios sociales y sanitario.

En una entrevista concedida este domingo a Radio Euskadi, Calparsoro ha considerado «preocupante» el aumento de delitos cometidos por menores de 14 años porque «supone adelantar mucho la edad en que el menor incurre en conductas tipificadas como delito», un asunto que «corresponde también a abordar desde educación, desde Osakidetza, servicios sociales, etcétera».

«Hay muchos factores que pueden confluir en esta cuestión y lo que está claro es que, en todo caso, en estos menores de 14 años la respuesta debe ser desde el de la protección o del riesgo, porque no se les puede aplicar la ley del menor al no ser responsables», ha apuntado el fiscal jefe de Gipuzkoa, que ha explicado que habitualmente se trata de delitos relacionados con acoso en el ámbito escolar y por internet o casos de violencia en el ámbito doméstico.

Según ha advertido, «todos estos menores luego con el tiempo obviamente van a crecer y, si no se dan las pautas o las medidas que proceden», pueden producirse más adelante «situaciones mucho más difíciles de abordar».

Ser más eficaces

Por otro lado, Calparsoro ha estimado que, ante el aumento de delitos de robo y hurto, la mejor manera de combatir este tipo de delincuencia es «siendo eficaces en la aplicación de la ley», con «el incremento o mejora en la labor policial y, por supuesto, una respuesta judicial que sea lo más rápida posible y lo más equitativa».

Así, ha reivindicado que los juicios rápidos son «un instrumento muy adecuado para este tipo de delitos» y ha abogado por intentar «ser lo más ajustados en cuanto a la pena que se solicita por la Fiscalía y la que al final puedan imponer los jueces».

Preguntado por las peticiones de endurecimiento de las penas en casos de multirreincidencia, ha señalado que este asunto «corresponde al ámbito legislativo» y, desde la Justicia, se aplicará «en función de la ley que se apruebe y si es que se modifica».

A su entender, «puede ser una respuesta», aunque «no sería la única». «Sin duda alguna que los casos que más alarma generan y que más preocupan a los ciudadanos son los supuestos de multirreincidencia o de delincuentes que cometen un número muy elevado en un periodo muy corto de tiempo», ha admitido Calparsoro, que ha precisado que, aunque puede ser una idea «positiva», hay que «ver la letra pequeña, los detalles».

El que fuera fiscal superior de la CAV ha aludido a las necesidades de recursos para el Ministerio Público y ha considerado que, para mejorar su trabajo se necesitaría «por lo menos» un aumento del 10% en el número de fiscales.

Estas cifras se traducirían, según ha explicado, en nueve profesionales en la CAV (actualmente se cuenta con alrededor de un centenar) y en el caso de Gipuzkoa tres (dispone de 30).

Este aumento, ha señalado, «permitiría dar una respuesta al ciudadano mucho mejor» y también mejorar la labor de los fiscales, «ser más productivos».