La Comisión Europea ha propuesto este martes retirar el veto a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035. Apuesta por permitir una producción «limitada» de este tipo de automóviles para hacer frente a la crisis de la automoción, marcada por una ralentización de la demanda de eléctricos, la creciente competencia china y los aranceles de Estados Unidos.

Se trata de una propuesta que atiende a la relajación de las normas solicitada por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de los Estados español y francés de mantener los objetivos pactados. La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

De este modo, argumenta Bruselas, el margen del 10% permitirá que junto a la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo un «papel importante» otros modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna, como pedía la industria.

Un «salvavidas» para el sector

La supresión de la prohibición total en 2035 forma parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha definido como un «salvavidas» para el sector.

«Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación», ha destacado Séjourné, quien ha incidido en que el plan permitirá «restaurar el liderazgo» de la industria europea y liderar al mismo tiempo la transición climática global.

El comisario económico, Valdis Dombrovskis, por su parte, ha avisado de que el sector automovilístico europeo está en una «encrucijada» y ha pedido actuar con celeridad para que esta industria sea «parte integral del futuro industrial de Europa, y no sólo parte de su patrimonio».

Una nueva prórroga

Esta medida llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones previstas para 2025. La Comisión repite ahora esa fórmula para el período 2030-2032, y a continuación revisará la legislación para ver si ha respondido a sus objetivos.

«La electrificación del parqué sigue siendo el principal motor de la transformación de la flota europea a diez años, pero nuestra industria se enfrenta a tres grandes desafíos: una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal», ha resumido Séjourné.

El cambio en las exigencias climáticas a los constructores incluye otras medidas para relanzar el sector y se suma a una amplia estrategia de la Comisión para suavizar y simplificar el grueso de la normativa medioambiental aprobada en la pasada legislatura para no lastrar la competitividad económica de la UE.

Así, la propuesta incluye también revisar la reducción de emisiones para las furgonetas, que en 2030 tendrán que hacer un esfuerzo de recorte de CO2 del 40% respecto a 2021, y no del 50%. Para los camiones, la Comisión plantea márgenes adicionales de flexibilidad de cara a 2030.

Además, el paquete incluye una directiva sobre flotas profesionales, orientada a impulsar la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones mediante objetivos específicos para las flotas de empresa, que suponen el 60 % de las compras de automóviles nuevos en la UE.

La iniciativa, que busca también generar un mercado de segunda mano de eléctricos, introducirá objetivos legalmente vinculantes para cada Estado miembro y se aplicará a las empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación.

Pequeño coche eléctrico europeo

La Comisión apuesta asimismo por el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles producidos en Europa, para los que propone una nueva subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos.

Estos nuevos coches, que medirán como máximo 4,2 metros y presentan rasgos similares a los ‘kei’ japoneses, gozarán de permisos especiales de aparcamiento y exenciones en peajes, además de estar exentos de nuevas exigencias de seguridad y sostenibilidad durante diez años para abaratar su producción.

Si los vehículos se fabrican en Europa, sus ventas se ponderarán de forma que pesen más en la reducción de CO2 exigida de media a las flotas, y la Comisión propondrá a los Estados miembros que diseñen primas para su compra y programas de retirada de antiguos vehículos, así como tarifas de recarga reducidas.

Bruselas propone también exigir contenido local en los vehículos beneficiarios de apoyo público, especialmente en las flotas profesionales y en la cadena de valor de las baterías, con el objetivo de sostener la producción industrial europea y limitar la dependencia de terceros países.

1.800 millones para baterías

Por último, el Ejecutivo comunitario ha presentado un plan de 1.800 millones de euros para apoyar a la industria europea de las baterías eléctricas que incluye financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y refuerzo de la investigación, con el objetivo de reducir la dependencia de China.

La Comisión espera ahorrarle a la industria 700 millones de euros al año simplificando la burocracia.